Desalojos, elitización de las instalaciones deportivas, sistema de transporte desigual, exceso policial y trabajo esclavo son parte del legado que según el Comité Popular de la Copa y las Olimpíadas dejarán los Juegos.
La cuarta edición de su dossier sobre el evento muestra "una imagen opuesta" al "legado de tolerancia, paz e inclusión social" prometido por las autoridades.
"Será una Olimpíada de la exclusión, estamos perdiendo oportunidades de promover la integración social. Lamentablemente la ciudad no va a ser más justa ni más democrática", dijo a periodistas Orlando Santos Junior, profesor universitario y coordinador del dossier.
El comité calculó por ejemplo (no hay cifras oficiales) que entre 2009 y 2015 fueron removidas 4.120 familias y que otras 2.486 permanecen amenazadas de desalojo "por razones directa o indirectamente vinculadas a las intervenciones del proyecto olímpico".
Al mismo tiempo, criticó que "las inversiones en transporte público estén distribuidas de forma muy desigual", con un modelo de autobuses por canales exclusivos -los BRT- que son "ineficientes y contaminantes".
Los planes "benefician a una pequeña parte de la población, concentrándose en mejorar el transporte en las zonas ricas de la ciudad y al mismo tiempo corta la conexión entre las zonas ricas y pobres", indicó el documento.
El comité valoró que Rio-2016 fue una "oportunidad perdida para democratizar el acceso de la población al deporte" con la modernización y privatización de muchas instalaciones. Criticó, además, que la bahía de Guanabara, donde se celebra la regata, "está altamente contaminada".
"Estamos viendo la elitización del Maracaná, de las favelas de la zona sur [donde están ubicados los barrios ricos, ndlr], la militarización de los suburbios. Ya era una ciudad segregada, Rio nunca fue una ciudad de justicia social, pero este proyecto profundiza esta segregación y deja la ciudad más desigual", siguió Santos Junior.
Según el reporte, aumentaron los casos de ajusticiamientos policiales y encarcelamientos en masa en barriadas pobres, así como "medidas represivas" de la alcaldía contra vendedores informales en "áreas exclusivas" de comercialización del evento.
Citando un informe de la fiscalía, el Comité Popular de la Copa y las Olimpiadas condenó que una de las constructoras responsables por la Villa de los atletas "mantuviera 11 trabajadores en situación análoga a la esclavitud".
Señaló también que varios niños y adolescentes fueron agredidos e incluso abusados sexualmente en varios albergues a los que fueron llevados durante la Copa del Mundo "para limpiar lugares turísticos" de mendigos.
La alcaldía, de su lado, dijo a la AFP que no se pronunciaría sobre el informe pues "no tiene conocimiento total de su contenido".
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