Según ha informado el Gobierno gallego, esta misma semana se han formalizado los contratos de alquiler para dos familias afectadas por desahucios en Vigo y Marín, con viviendas cedidas al Instituto Galego da Vivenda e Solo, por Sareb y Abanca. La última de las viviendas se adjudicó en Marín al no disponer el IGVS de más viviendas en Vigo.
Con estas adjudicaciones, la Xunta ofrece una alternativa a los afectados que lo soliciten y cumplan con los requisitos establecidos. En lo que va de 2017 se ha realojado a 14 familias en viviendas propiedad del IGVS (cinco casos) o cedidas por Abanca o Sareb.
A estas familias hay que sumar también las beneficiadas por el Bono de Alquiler Social y otras medidas adoptadas por la administración autonómica.
EXCLUSIÓN SOCIAL
Por otra parte, la Xunta, a través de la Consellería de Infraestruturas, ha adjudicado de forma directa una vivienda protegida de promoción pública en régimen de alquiler en la localidad lucense de Viveiro a una familia en "serio peligro de exclusión social".
La Comisión Provincial de Vivienda de Lugo estudió el caso y propuso la adjudicación directa de esta vivienda, con la que la Xunta avanza en el cumplimiento del plan RehaVita, que refuerza las medidas destinadas a garantizar un hogar a las familias más desfavorecidas.
Dentro de este mismo plan, la Consellería de Infraestruturas ha adjudicado también de forma directa una vivienda cedida por Abanca en régimen de alquiler a una familia en riesgo de exclusión social en la localidad pontevedresa de Mondariz.
Este tipo de soluciones, ha apuntado el Gobierno gallego, no solo se dirigen a personas que sufren problemas de índole social, sino también a otros que no pueden afrontar el pago del alquiler o hipoteca de su vivienda.
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