El Observatorio de Género sobre Economía Política y Desarrollo (GEP&DO) ha presentado un estudio con el título 'El Impacto de la crisis y las políticas de austeridad en las mujeres y la igualdad de género en Andalucía en el escenario post-crisis', en el que se concluye, entre otros aspectos, que la 'post-crisis' acentúa la precariedad y la desigualdad, en especial entre las mujeres, y que Andalucía debe diversificar la economía e introducir cláusulas favorecedoras en función del género.
Gender, Economy, Politics & Development Observatory (GEP&DO) está coordinado por la catedrática de Historia Económica de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla Lina Gálvez, que, junto con la también profesora de la UPO Paula Rodríguez, ha dirigido este trabajo en el que también han participado Astrid Agenjo, Lucía del Moral y Margarita Vega.
En la presentación de este informe han intervenido la secretaria general de la Asociación de Mujeres Periodistas de Sevilla, Cristina García; la empresaria y líder cooperativista Dolores Sanjuán; la representante sindical y activista feminista Teresa García; y Lina Gálvez y Paula Rodríguez.
El actual contexto de 'post-crisis' está confirmado por la mejora de algunos indicadores macroeconómicos pero, sin embargo, hay otras evidencias que muestran que aún no hay recuperación y que la 'post-crisis' es un escenario de precariedad, desigualdad e individualización del riesgo. "Las medidas 'austericidas' no sólo no han combatido la crisis, sino que las han agravado y se han convertido en un excelente caldo de cultivo para nuevas crisis de dimensiones económicas, ecológicas y sociopolíticas", se remarca.
En esta misma línea, el mayor impacto de género negativo no ha sido consecuencia directa de la crisis, sino de las políticas de austeridad que han atacado principalmente el gasto público social. "Las mujeres, como principales usuarias directas e indirectas de estos servicios, principales empleadores y sobre todo, como sustitutas naturales de los mismos, se han visto especialmente afectadas por estos recortes y reformas estructurales", se expone.
El documento destaca que Andalucía ha sido la única comunidad autónoma de España que ha aumentado el presupuesto destinado a igualdad en el periodo 2009-2014, si bien esto no se traduce necesariamente en una situación mejor, ya que "son todas las políticas públicas y presupuestos los que tienen un impacto diferente entre hombres y mujeres y no sólo las políticas etiquetadas con políticas de igualdad".
El informe revisa los planteamientos de la economía feminista, aborda las crisis diversas desde una perspectiva multidimensional --ecológica, de reproducción social y de cuidados, crisis de las estructuras políticas y de la democracia-- y analiza datos en ocho ámbitos distintos para trabajar la hipótesis del empeoramiento de las condiciones de vida de las personas, y de la consecución del objetivo de igualdad de género.
Antes de la crisis el índice de fecundidad ha pasado de 1,50 en 2007 a 1,38 en 2014; en España, de 1,37 a 1,32, mostrando la mayor dificultad de compatibilizar la maternidad con la carrera profesional.
REVIERTE LA TENDENCIA
En educación, las políticas de austeridad han tenido un "alto" coste. El gasto medio de los hogares en educación durante la crisis ha aumentado considerablemente: en Andalucía, de 175,19 se ha pasado a 223,6 euros, y más a nivel estatal, de 267,85 a 360. Este 'copago-repago educativo' perjudica a los hogares de rentas más bajas muchos capitaneados por mujeres.
Por otro lado, la reducción de becas, personal y financiación de servicios auxiliares como aulas matinales se traduce en que las mujeres suplen, a modo de trabajo no pagado, los servicios que dejan de darse o subvencionarse desde las administraciones públicas. El impacto en el capítulo de personal es especialmente significativo, por cuanto se trata de trabajos muy feminizados.
Se ha producido una reducción de algunas brechas pero la tendencia revierte en 2014 tanto por el empeoramiento de las condiciones de trabajo como por el deterioro de servicios públicos --sanidad, dependencia--, que obligan a incrementar las necesidades de trabajo de cuidados sobre todo en las familias de menos ingresos y, dentro de éstas, a las mujeres.
DIFERENCIAS MARCADAS EN LAS TASAS DE PARO ANDALUZAS
Las diferencias en las tasas de paro masculinas y femeninas son mucho más evidentes en Andalucía que en la media nacional: los hombres, del 9,56 al 29,08 por ciento, y las mujeres, del 17,41 a 34,49 por ciento. La recuperación más rápida del empleo masculino que del femenino que se está produciendo en los últimos meses está suponiendo un nuevo ensanche de la brecha de género.
En lo que se refiere al bienestar de la población, a mitad de la crisis se produce un recorte del presupuesto para dependencia. Desde el ámbito de los profesionales, el documento censura la eliminación de la cotización a las cuidadoras no profesionales, "que supone un retroceso fundamental en la valoración del trabajo de cuidados y el reconocimiento del mismo que tienen importantes implicaciones en términos de género ya que las mujeres son las principales responsables de la realización de esta tareas".
La exclusión ha dejado de ser una condición fija o una característica personal o de un colectivo para convertirse en un riesgo asociado a determinadas etapas del ciclo de vida o la individualización del riesgo que las prácticas "austericidas" implican para las personas más vulnerables.
En cuanto a la violencia machista, es difícil establecer relación con la situación de crisis más allá de las diferencias presupuestarias, si bien se dispone de evidencias tales como la reducción de porcentajes de órdenes concedidas. Durante el transcurso de la crisis, en el caso andaluz en 2014 se concedieron un 60,16 por ciento frente a un 80,79 por ciento en 2008. También destaca el descenso del 21 por ciento de las partidas destinadas para la protección estatal a las víctimas de violencia de género en los Presupuestos Generales del Estado entre 2011 a 2015.
Por último, en cuanto a la presencia política, tras las últimas elecciones de diciembre de 2015 el porcentaje de mujeres ha aumentado al 39,43 por ciento en la Cámara Baja, mientras que en el Parlamento autonómico andaluz la evolución de la representación de mujeres cumple las pautas de paridad. De los 109 diputados tras las elecciones de 2015, 55 son hombres y 54 son mujeres. El porcentaje de representación de partidos con listas cremallera es superior en el Parlamento andaluz que en el nacional: la paridad no se alcanza, por el contrario, en ninguna esfera del administración local.
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