En rueda de prensa en el Parlament, han explicado que la norma pretende abordar el régimen sancionador cuando no se cumplen los plazos de pago para "acabar con la situación injusta de que una Administración o una gran empresa no cumpla" y provoque, en ocasiones, el cierre de una empresa mediana o pequeña.
Arrimadas ha defendido la propuesta como una más de las que su grupo hace en el Congreso y en el Parlament para la mejora económica y social del país, y para su modernización.
En respuesta a los periodistas, Arrimadas ha diferenciado el apoyo de su grupo a la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) en Catalunya, del rechazo a la que presenta Podemos en el Congreso.
Ha recordado que la RGC catalana es una mejora de la renta mínima de inserción (RMI) y no una nueva: "Estamos de acuerdo con la reforma del modelo que había en Catalunya y, además, hemos conseguido que sea compatible con las rentas del trabajo".
Para la líder de la oposición en Catalunya, esta modificación supone que la gente "no tenga que escoger entre un trabajo en el que cobra poco y no puede llevar a sus hijos en transporte público a la escuela", y cobrar una ayuda.
Roldán ha explicado que la que propone Podemos sería una renta añadida a la que tienen las comunidades autónomas, "que en origen costaba 100.000 millones de euros y ahora 15.000 millones"; una cifra que considera que es imposible de implementar.
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