Asaja organizará en septiembre una protesta ante la Junta contra el "confiscatorio" impuesto de sucesiones

  • La junta directiva de Asaja Córdoba ha acordado celebrar el próximo 14 de septiembre en la puerta de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en la capital cordobesa una protesta contra "el injusto y confiscatorio" impuesto de sucesiones en Andalucía para acabar con la situación de que "los andaluces sigan siendo ciudadanos de segunda clase con respecto a otras comunidades autónomas".
EUROPA PRESS

En un comunicado, Asaja Córdoba hace un llamamiento a todos los titulares de explotaciones agrarias, ganaderas, cinegéticas y forestales, así como a todas las personas afectadas por esta "acción confiscatoria de la Junta de Andalucía, que son la gran mayoría de los andaluces", para protestar contra la actitud "tremendamente abusiva y discriminatoria de la presidenta, Susana Díaz, para quienes residen en esta comunidad autónoma".

Asaja organizará una campaña de divulgación a través de los medios de comunicación y redes sociales para que se sumen las máximas personas posibles a esta concentración para mostrar su posición en contra de que "la administración autonómica continúe imputando una riqueza irreal o inexistente a los andaluces por la que injustamente tienen que tributar, vulnerando el principio de capacidad económica y estableciendo estimaciones en las valoraciones que nada tienen que ver con la realidad".

El presidente de Asaja Córdoba, Ignacio Fernández de Mesa, ha afirmado que "es un hecho de justicia que los andaluces tengan el mismo tratamiento que los ciudadanos de otras comunidades autónomas, lo cual favorecerá además el relevo generacional en el campo, la sucesión de empresas, y la actividad económica".

Tras recordar que se trata de una "reivindicación histórica" de la organización agraria, Asaja reconoce que "es cierto que la Junta de Andalucía ha dado un pequeño paso adelante con la reforma que hizo en 2016", pero, "lamentablemente, este impuesto sigue siendo el impuesto de la demagogia y la injusticia porque deja fuera la realidad de la inmensa mayoría de personas del sector agrario andaluz, y deja el patrimonio no agrario prácticamente igual de mal que antes, en un inexplicable agravio comparativo con otras comunidades autónomas que hace que los andaluces tengan peores derechos que cualquier otro español".

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