El Ayuntamiento de Madrid ha remitido este viernes al Ministerio de Hacienda una solicitud de aclaraciones, acompañada de un informe de la Intervención General, porque existen "serias dudas interpretativas" en cuanto a las exigencias realizadas por el órgano de tutela financiera, ha informado el Consistorio en un comunicado.
A la espera de esas aclaraciones se solicita la suspensión del plazo de quince días naturales incluido en la comunicación del Ministerio para hacer efectivo un acuerdo de no disponibilidad por valor de 238 millones.
En el escrito, firmado por el delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, se plantean las dudas surgidas a la hora de interpretarlo para poder actuar en consecuencia dado que la comunicación del Ministerio se refería al incumplimiento de la regla de gasto en el presupuesto de 2016 y solicitaba un acuerdo de no disponibilidad de 238 millones haciendo referencia a la liquidación de las cuentas al tiempo que especificaba que todavía no había hecho una valoración del Plan Económico Financiero (PEF) presentado.
"El Ministerio se refiere a la aplicación del artículo 25.1 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para pedir el acuerdo de no disponibilidad. Sin embargo, las medidas contempladas en el citado artículo se refieren a la no presentación o aprobación del PEF", han explicado desde el Ayuntamiento.
Sin embargo, el Consistorio aprobó el PEF en el Pleno de marzo el PEF. "La comunicación del Ministerio confirma la recepción de ese plan y especifica que no se ha realizado valoración definitiva", subrayan desde el departamento municipal de Economía.
Ante esta situación, el Ayuntamiento expresa "serias dudas interpretativas" sobre las exigencias realizadas ahora por el Ministerio y solicita que se hagan aclaraciones para poder actuar en consecuencia.
El Ayuntamiento ha recordado que su superávit supera los 1.022 millones de euros y la deuda se reduce a un ritmo superior al previsto en el plan aprobado en la anterior legislatura. La Ley de Estabilidad Presupuestaria contempla que en el caso de incumplimiento de esa regla de gasto, la Administración correspondiente presente un PEF en el que se aporten garantías de estabilidad a medio plazo. Así lo ha hecho el Ayuntamiento de Madrid, que además propone una nueva interpretación de la regla de gasto acorde a la ley vigente.
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