"Entre el 60 y el 70 por ciento de los demandantes de asilo mienten sobre alguno de los elementos de su identidad, ya sea sobre su nombre, su edad, la ruta que han recorrido o su país de origen", ha asegurado Francken, en declaraciones a la prensa durante una visita a Dinamarca.
El secretario de Estado ha explicado que serán agentes de la Policía en la oficina de extranjería los encargados de realizar el control de los dispositivos, a partir del cual tendrían acceso a mensajes, fotografías e incluso a las redes sociales del inmigrante que acuda a solicitar protección internacional.
Actualmente, el solicitante de protección puede negarse a entregar su teléfono móvil o su ordenador a las autoridades, pero Francken ha indicado que la normativa de la Unión Europea permite a los Estados miembros introducir este control reforzado.
Las normas comunitarias establecen que los Estados miembros pueden imponer a los demandantes la "obligación de cooperar" con las autoridades competentes para establecer su identidad y otros datos relevantes.
Así, el demandante deberá entregar para verificación la documentación que lleve consigo, como el pasaporte, y las autoridades podrán "registrar" al individuo y los "artículos en su posesión", pero deberán hacerlo en "pleno respeto a los principios de la dignidad humana y de la integridad física y psicológica".
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