Según un comunicado de la CES, el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra aprobó por el procedimiento de urgencia una moción, presentada por el equipo de gobierno, para realizar una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) dirigida en la práctica a "impedir" a la fábrica de cementos de Alcalá su iniciativa de instalar una planta de valorización de residuos no peligrosos, para la generación de combustible alternativo.
La CES se une a la petición de FICA y pide al Ayuntamiento que en el próximo pleno "reconsidere su postura en un tema fundamental para el futuro de la industria de Alcalá, no sólo por los empleos directos de la empresa que se verán afectados, sino por el trabajo que desarrollan las numerosas empresas auxiliares, máxime cuando existe una autorización concedida por la Administración competente que es la Junta de Andalucía".
La decisión municipal de "impedir" la valorización energética de combustible alternativo, según la CES, "va en contra del interés general, al imposibilitar la implementación de mejoras medioambientales y técnicas, reconocidas en la normativa europea, nacional y autonómica, lo que supone, adicionalmente, un retraso frente a otras zonas de Europa, España e incluso de Andalucía".
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