Exjefe de Arquitectura de Diputación dice que en Alcaucín había "un mar de confusión" urbanística

Mora, para el que piden más de 110 años de prisión y 144 de inhabilitación para empleo o cargo público, está acusado en esta causa de falsedad, falsedad en documento oficial, prevaricación urbanística, cohecho, estafa, falsificación y actividades prohibidas a funcionarios.

El procesado ha señalado que no le consta que la Junta de Andalucía hiciera "nada" para parar esa situación en el urbanismo de Alcaucín, apuntando que había "un clamor, lo sabe todo el mundo, que la Junta no despachaba diligentemente los asuntos y era la que tenía las competencias de urbanismo".

Asimismo, ha insistido en que los certificados que emitió eran sobre dotaciones urbanísticas, limitándose a describir las características de la parcela para dar cuenta de lo que había; por lo que no se pronunciaba sobre si el suelo tenía una determinada clasificación urbanística.

En esta causa se juzga al exalcalde de dicha localidad José Manuel Martín Alba y otras 38 personas, después de que ocho acusados llegaran a una conformidad, entre ellas las dos hijas del exregidor. No obstante, posteriormente, el fiscal ha retirado la acusación para ambas en cuanto a uno de los delitos de blanqueo de capitales, por lo que una de ellas quedará fuera del proceso, según fuentes del caso.

Según consta en las conclusiones iniciales del fiscal, Martín Alba, durante la segunda mitad de su mandato, que fue de 1991 a 2009, "coincidiendo con el periodo de mayor auge urbanístico y con una creciente demanda de suelos urbanizables que escaseaban" en este y otros municipios, "aprovechó la ausencia de controles eficaces para desempeñar esos cargos a su antojo, prescindiendo de la norma urbanística cada vez que le convenía".

También operó, a través de otras personas, como intermediario o corredor de fincas, "obteniendo importantes ingresos económicos, siendo ese el origen de parte de los 240.000 euros de cuentas corrientes y productos financieros y de los 160.000 euros en billetes que escondía en su domicilio bajo un colchón", que fueron intervenidos en el registro de su domicilio.

La Fiscalía sostiene que se "multiplicaron" las infracciones urbanísticas y que el Ayuntamiento no sólo hizo "dejación de sus responsabilidades en materia de disciplina urbanística, sino que trató de solaparlas promoviendo nuevos instrumentos de planeamiento basados en un desmesurado aumento de suelo edificable", que no prosperaron por las nuevas normas supramunicipales con las que la Junta de Andalucía neutralizó el riesgo de crecimiento incontrolado.

Así, para el ministerio público, "proliferaron las construcciones clandestinas", por un lado a base de viviendas unifamiliares en suelos rústicos, partiendo de parcelaciones "prohibidas" en la legislación; por otro mediante bloques de apartamentos en las zonas adyacentes a núcleos de población, que "sistemáticamente" se autorizaban en parcelas reservadas para viviendas unifamiliares o directamente sobre suelo no urbanizable, con un resultado "caótico".

También se aprovecharon "fallos del sistema", destacando "tanto los numerosos informes técnicos sin ningún control de la Diputación para encubrir infracciones urbanísticas de mayor importancia, como la frecuente manipulación del Catastro, siempre gracias a la colaboración de funcionarios". En esta última modalidad, "se aprovechaban supuestas fisuras que permitían introducir en las bases edificaciones que no existían en la realidad".

Unas veces, apunta Anticorrupción, eran viviendas diseminadas que todavía no estaban construidas y que sin embargo ya tributaban en el Impuesto de Bienes Inmuebles; y otras con la "fraudulenta" inserción de casas en ruinas susceptibles de rehabilitación, "que tampoco respondían a la realidad". En muchos casos el resultado fue "la construcción de grandes residencias, impropias de terrenos de tan alto valor ecológico".