El Institut Català de Finances (ICF) concedió 570,3 millones de euros en créditos y avales en 2016, un 18% menos que el año anterior, aunque mejoró un 14% su resultado hasta un beneficio de 9,8 millones, el mejor de los últimos cinco años y que ha destinado íntegramente a reservas.
En rueda de prensa este miércoles, el consejero delegado del ICF, Josep Ramon Sanromà, ha atribuido la reducción del volumen de crédito a que "cuando el crédito privado sube, el público tiende a bajar, tiene un efecto anticíclico", ya que actúa como financiador alternativo y complementario a la banca comercial.
El ICF dobla el ratio de solvencia del sector financiero con un 33,5%, pero también está por encima en morosidad, con un 12,2% (era del 13,8% en 2015) frente al 10,1% del sector porque asume más riesgos para apoyar a las pymes, y el ratio de cobertura es del 75,8%, frente al 59,2% del sector.
El número de empresas beneficiarias de su financiación en 2016 fue de 1.441 (un 2% más), el 97% de las cuales fueron pymes y emprendedores, y el 25% de los clientes del ICF son industrias manufactureras.
El banco público catalán también destinó 20,3 millones a fondos de capital riesgo que invierten en nuevas empresas --la mayoría tecnológicas-- y pymes en crecimiento, un 16,7% más que el año anterior.
Además, dispone de una línea de coinversión en startup con inversores privados mediante créditos participativos, con la que en 2016 financió a 16 startup con un importe global de 2,4 millones.
El presupuesto del ICF para 2017 pone a disposición de las empresas 700 millones para préstamos, avales y capital riesgo, de los que Sanromà ha augurado que unos 30 millones corresponderán a capital riesgo y préstamos participativos.
APOYO A LA DIGITALIZACIÓN
Ha apuntado a un crecimiento de la financiación este ejercicio por dos nuevas líneas del ICF con apoyo de fondos europeos destinadas a la renovación tecnológica de las empresas: una de 100 millones al año con intereses bonificados para la industria 4.0, y otra de 182 millones en cuatro años para innovación y transformación tecnológica.
Sanromà ha defendido esta apuesta pública porque la banca comercial todavía no tiene preparados los sistemas de análisis de riesgos para ver el impacto de la transformación digital, por lo que es más complicado conseguir financiación privada.
AUTORIZACIÓN EUROPEA EN DOS AÑOS
El ICF aspira a contar con la autorización europea de entidad de crédito público en unos dos años, una vez la UE apruebe esta nueva regulación, con lo que también cambiaría su nombre para dejar claro en su denominación que es un banco.
La nueva circular de normativa europea de banca prevé incluir los parámetros para dar autorización de entidad de crédito público: "Nos permitiría llamarnos Banc Català d'Inversions, Banc Públic d'Inversions de Catalunya, algo que empiece por banco, en vez de por Institut, que confunde en general a la gente".
"No dejaremos de hacer nada si nos llamamos ICF o Banc Públic d'Inversions de Catalunya", ha afirmado, pero ha indicado que con la autorización europea tendrían mejor capacidad de acceder a los mercados, condiciones fiscales y gestión de la información, lo que haría ganar claridad y transparencia.
Sanromà ha confiado en que haya acuerdo entre la UE, el BCE y la EBA en el modelo de definición, regulación y supervisión, para que se ponga en marcha en 2018: "Entonces habrá camino abierto para evolucionar y decir que hace dos años que somos banco público de inversiones operativamente y regulatoriamente y presentar la documentación".
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