Junta manifiesta su criterio contrario a la reforma de la Ley de Educación de Podemos e IU-CA

Entre otras previsiones, la propuesta normativa, que tendrá que debatirse ante el Pleno del Parlamento, incluye la exigencia de que el presupuesto para educación no universitaria sea de al menos el 5 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) y que la planificación de oferta de plazas escolares en la red de centros de titularidad pública se ajuste al aprovechamiento máximo de sus infraestructuras.

En relación con la primera de estas medidas, el Gobierno andaluz recuerda que la Junta destina a educación 7.500 millones de euros al año, lo que supone el 5,1 por ciento del PIB.

Este compromiso se manifiesta además en las subidas del 3,9 y 3,8 por ciento en los presupuestos de la Consejería de Educación en 2016 y 2017, de modo respectivo, lo que se traduce en 445 millones más, según ha explicado el portavoz del Ejecutivo, Miguel Ángel Vázquez, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno.

Asimismo, el Ejecutivo subraya la incidencia de los recortes en la materia realizados por el Gobierno central en los últimos años, a través de diversas normas de reducción del gasto público en el ámbito educativo que, unidas a un sistema de financiación autonómica perjudicial para Andalucía, han supuesto ajustes en la política presupuestaria del sector público, de obligado cumplimiento para las comunidades.

Según establece el Reglamento del Parlamento andaluz, el Consejo de Gobierno debe manifestar su criterio respecto a la toma en consideración de las proposiciones de ley, así como su conformidad o no con la tramitación si implica aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios.