El Consell ha dado su visto bueno al anteproyecto de ley que modifica la norma sobre Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunitat Valenciana (LOTUP), cuyo objetivo es "apostar por un urbanismo sostenible que recupere su función pública" evitando las reclasificaciones o cambios de uso de suelo a iniciativa privada, así como dar solución a las actuaciones urbanísticas aprobadas "sobre criterios meramente especulativos" como los "PAIs fantasma" o la proliferación de viviendas diseminadas y alegales.
Así lo ha explicado este viernes la consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, María José Salvador, en la rueda de prensa tras el pleno del Consell en València, donde ha explicado que cuando la norma sea aprobada --el anteproyecto debe pasar la fase de participación pública y obtener el visto bueno del Consell Econòmic i Social y del Consell Jurídic Consultiu para ir a las Corts-- la posibilidad de reclasificar suelo o cambiar el uso dominante del mismo únicamente se permitirá a través de programas de gestión directa por las administraciones.
Esta medida pretende garantizar el control público de los crecimientos urbanísticos, al fomentar los desarrollos en las áreas ya urbanizadas y evitar que los agentes urbanizadores puedan promover instrumentos de desarrollo que reclasifiquen nuevas "piezas" del territorio como suelo urbanizable, un hecho que según Salvador, se ha producido en los últimos 20 años de anteriores gobierno dando paso a la "especulación".
Además, la modificación de la norma busca dar solución a las consecuencias de actuaciones que han tenido efectos perjudiciales desde un punto de vista territorial, paisajístico y ambiental, como los PAIs.
En aquellos Programas de Actuación Integrada que se han empezado pero están paralizados y pueden tener cierta viabilidad, la ley establece para los ayuntamientos la posibilidad de la subdivisión de las unidades de ejecución y ampliar el plazo de urbanización. En aquellos PAIs que son "antieconómicos" y pueden ser reversibles, se podrá aplicar una reparcelación inversa. Los consistorios serán los que decidan cual de las dos opciones escogen.
VIVIENDAS ILEGALES
Por otra parte, también se establecen las medidas para dar solución al problema dejado por la "falta de disciplina urbanística" que ha facilitado la implantación irregular sobre el territorio de una gran cantidad de edificaciones aisladas o agrupadas en suelo no urbanizable.
Para ello, se modifica el actual régimen de minimización de impacto, haciéndolo más adecuado a la realidad existente, y creando las denominadas licencias de minimización del impacto ambiental y territorial que permitirán la regularización y otorgarán seguridad jurídica a las familias propietarias de dichas edificaciones, además de enormes beneficios para la sociedad, tanto ambientales como de minimización de impacto en los acuíferos, de riesgos incendios forestales y de mejora del paisaje.
Según ha indicado la consellera, hasta 2015 las viviendas construidas en alegalidad en la Comunitat superaban las 400.000. Ahora, sus propietarios tendrán la posibilidad de regularizar su situación cumpliendo una serie de requisitos fijados por la Administración, que ha precisado que no se trata de una "legalización masiva".
Se trata de evitar que estas situaciones vuelvan a producirse, ampliando en el tiempo la posibilidad de actuación de la Administración y posibilitando una mayor eficacia pública en la adopción de medidas de ejecución subsidiaria.
SE ELIMINA EL "FRACASO" DE LAS ATE
La futura norma también eliminará, tal y como han mandatado las Corts, la figura de las Actuaciones Territoriales Estratégicas (ATE) y se establece la regulación de los nuevos Proyectos de Inversión Estratégica Sostenible (PIES), en los que la participación de las instituciones públicas va a ser más intensa que en la figura anterior, y donde el carácter excepcional de esta figura se traduce en requisitos de gestión y de utilización adecuada de los instrumentos urbanísticos.
El Gobierno valenciano ha manifestado que quiere favorecer y facilitar la llegada de grandes inversiones productivas "y no especulativas" al territorio siempre desde el consenso y con la máxima participación y transparencia, después del "fracaso" y las polémicas generadas por los anteriores instrumentos, y además, lo quiere hacer en sintonía con la Estrategia Territorial de la Comunitat y con los nuevos criterios de sostenibilidad y viabilidad.
Así, la ubicación y tramitación de los futuros PIES deberá contar con el visto bueno de la mayoría absoluta Cámara autonómica, ha indicado Salvador.
PERSPECTIVA DE GÉNERO
La norma también incluirá la perspectiva de género en el urbanismo y apostará por la rehabilitación de los espacios degradados, "tras 20 años de un modelo basado en nuevos crecimientos, abandonando cascos históricos", ha lamentado la consellera Salvador, quien ha destacado que el urbanismo "debe atender a la ciudad consolidada".
Se crea además la figura del Rehabilitador para posibilitar la edificación en solares que se mantienen especulativamente abandonados y también en aquellas zonas degradadas de la ciudad bajo un control público de los objetivos de la actuación.
En este caso, los ayuntamientos podrán declarar zonas prioritarias en sus municipios donde se quiera facilitar la edificación de solares y acabar la trama urbana convocando concurso público.
INFORMES DE EVALUACIÓN EN EDIFICIOS ANTIGUOS
La modificación de la LOTUP también incorpora la implantación progresiva y gradual, con un control autonómico sobre su cumplimiento, de la obligación de realizar un Informe de Evaluación de Edificios (IEE).
Este informe, que se podría comparar con la ITV que han de pasar los coches, afecta a las edificaciones con tipología residencial con una antigüedad superior a los 50 años. Este control verifica las condiciones de conservación, seguridad, eficiencia y accesibilidad de los edificios y favorece al sector de la rehabilitación.
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