Minera estadounidense allanada en Guatemala niega explotación ilegal

Representantes de una minera de oro y plata de capital estadounidense, allanada el lunes por la Fiscalía en Guatemala, negaron el martes haber desobedecido una suspensión temporal ordenada por la justicia que acogió denuncias de daños ambientales y la falta de consultas a la población para operar.

"Hemos sido respetuosos de la resolución (de suspensión) que fue debidamente notificada para cobrar firmeza el 9 de mayo" pasado, dijo a periodistas Arturo Miranda, representante legal de la empresa Exploraciones Mineras de Guatemala (EXMINGUA), subsidiaria de la firma estadounidense Kappes, Cassiday & Associates (KCA).

Miranda señaló que, a pesar de que la Corte Suprema de Justicia ordenó la suspensión temporal de la licencia de explotación en noviembre de 2015, la orden cobró vigencia en mayo pasado y desde entonces no han extraído minerales. El lunes, fiscales y policías allanaron el proyecto minero Progreso VII Derivada, a unos 15 km al norte de la capital, bajo sospechas de que continuaba con actividades de extracción pese a la resolución judicial.

"A pesar de la suspensión la empresa siguió con labores" extractivas, indicó la fiscal de delitos contra el Medio Ambiente, Aura López.

El representante de EXMINGUA calificó la declaración de la fiscal como "prematura" al precisar que no existen elementos para determinar que la mina operó ilegalmente.

El recurso de suspensión fue emitido a favor del Centro de Acción Legal, Ambiental y Social (CALAS), organización que acompaña a pobladores opuestos a la actividad minera al aducir daños a los recursos naturales como el agua, y que sostienen que la empresa no consultó a las comunidades indígenas.

La Corte de Constitucionalidad, máxima instancia judicial de Guatemala, rechazó en mayo pasado una impugnación de EXMINGUA y dejó vigente la suspensión temporal del proyecto Progreso VII Derivada.

Ambientalistas, campesinos e indígenas mantienen una férrea oposición a la explotación de minerales y la construcción de megaproyectos en Guatemala por considerarlos una amenaza para los recursos naturales.