Las ONG piden prohibir por ley que los fondos destinados a cooperación operen en paraísos fiscales

"Que los fondos destinados a cooperación acaben en paraísos fiscales demuestra una enorme falta de legalidad y de ética; y en última instancia, repercute sobre quienes deberían recibir ese dinero: las personas más vulnerables", dice la Coordinadora.

Conforme explica en un comunicado, se trata del Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE) creado en 2011 y sucesor de los Fondos de Ayuda al Desarrollo (FAD) muy criticados por su uso para la externalización de la economía española. Las organizaciones sociales vienen mostrando preocupación por la posibilidad de que pudieran prevalecer en la gestión los intereses empresariales sobre los objetivos de desarrollo.

"El Informe del Tribunal de Cuentas viene a confirmar algunas de las advertencias sobre las que venimos alertando desde hace tiempo. La opacidad con la que se ha realizado la gestión del FONPRODE ha contribuido a que se produzcan situaciones como las ahora denunciadas", dice la Coordinadora.

Por eso, pide que se adopten medidas para solucionar algunos de los problemas que pone de manifiesto el informe del Tribunal, como la ausencia de coordinación con las Oficinas de Cooperación en el Terreno o la dispersión de la información y la documentación generada en torno al FONPRODE. "Es urgente garantizar la centralización de esas informaciones para que toda la información esté accesible y pueda ser objeto de investigación y seguimiento detallado", afirma la CONGDE.

Se suman además al resto de recomendaciones del informe, como la mencionada necesidad de un cambio legislativo que prohíba expresamente al FONPRODE financiar las operaciones que participen en fondos que operan en paraísos fiscales o mejorar el seguimiento de los fondos y los créditos que concede para comprobar que efectivamente se destinan al proyecto original y no son canalizados mediante cuentas fiduciarias.

Según afirma, la reforma del FONPRODE aprobada en abril de 2014, "lejos incrementar las garantías en relación con los fines de la cooperación al desarrollo, otorgó un papel relevante en la gestión a COFIDES, entidad altamente cualificada en la promoción de inversiones y gestión financiera de riesgo, pero con nulas capacidades en materia de desarrollo".

Aquella reforma tampoco fijó una cuota máxima para la cooperación reembolsable, que es la ayuda en forma de créditos en mejores condiciones que las del mercado y que antes tenía un techo del 5% aunque según las ONG, se incumplía sistemáticamente. Para la Coordinadora es algo "extremadamente preocupante", ya que la ayuda reembolsable incrementa la deuda de los países y no contribuye de manera eficaz a su desarrollo.