UNIDOS PODEMOS PIDE EL CIERRE DE TODAS LAS CENTRALES NUCLEARES EN 2024

El Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea registró este lunes una proposición de ley en el Congreso de los Diputados para cerrar de manera progresiva las centrales nucleares, de forma que en 2024 estén todas clausuradas, y adoptar las medidas precisas para que en 2050 el cien por cien de la energía sea de origen renovable.
La iniciativa, presentada por los diputados Josep Vendrell y Juan Antonio López de Uralde, prevé también el cierre definitivo de la central de Santa María de Garoña (Burgos).
La iniciativa indica además que “en el plazo de tres meses el Gobierno presentará un nuevo Plan de Gestión de los residuos radioactivos para la gestión de los residuos hasta la finalización de las autorizaciones de explotación actualmente vigentes, para garantizar la máxima seguridad en la gestión de los residuos”.
López de Uralde denunció que desde el Partido Popular se esté dando por hecho alargar la vida de las centrales nucleares de los 40 a los 60 años, lo que a su juicio “pone en riesgo la seguridad de las personas y del medio ambiente”. “No sólo es peligrosa la energía nuclear, sino que a partir de los 40 años esto se incrementa”, subrayó.
Por su parte, Vendrell afirmó que la energía nuclear “es una opción del pasado”, además de “peligrosa”, “cara” y “no competitiva”.
Criticó que el PP “se llene la boca con la transición energética” y luego defienda la continuidad de las centrales nucleares.
También abogan por que en el plazo de seis meses el Gobierno apruebe “la creación de un nuevo fondo para el desmantelamiento de las centrales nucleares” y que también en ese plazo presente “un Plan de Transición Energética, acordado con las comunidades autónomas, y un acuerdo social y político basado en las energías renovables y la eficiencia energética”.
Plantean que el Ejecutivo presente además “un plan de adaptación y desarrollo social y económico de las zonas afectadas por el fin de la actividad de las centrales nucleares”, cuya financiación se decida de acuerdo con las comunidades autónomas, los municipios afectados y los agentes sociales.