Abogada europea decidirá si multa a España por las vacaciones fiscales vascas

Bruselas, 22 ene.- La abogada general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) Eleanor Sharpston se pronunciará mañana sobre la multa millonaria que la Comisión Europea (CE) reclama para España por el régimen fiscal aplicado en los años 90 a empresas de nueva creación del País Vasco, declarado ilegal.

La opinión de la abogada general precede a la decisión final del Tribunal de Justicia sobre las llamadas "vacaciones fiscales vascas", y aunque no tienen carácter vinculante, este tipo de recomendaciones suelen inspirar la sentencia definitiva de la máxima instancia judicial comunitaria.

Las conclusiones generales de Sharpston se publicarán más de cuatro meses después de la última vista sobre el caso, en la que España insistió en que no se le impusiera una multa con el argumento de que había recuperado todo el dinero que la CE entendía que se tenía que cobrar, incluso sin estar de acuerdo con la cuantía.

El Ejecutivo comunitario admitió entonces que España había recuperado el grueso de las ayudas y en reconocimiento a ese esfuerzo se mostró dispuesto a dejar caer una de las dos multas que había propuesto en un principio, a condición de que se recobrasen 278.000 euros en intereses de deuda aún pendientes en Álava.

España aseguró tras la vista que la recuperación de esa última cantidad no plantearía problemas dada su limitada magnitud, por lo que podía darse por cancelada la menor de las dos multas que había pedido la CE.

Bruselas insistió, no obstante, en la imposición de la otra multa debido a que ya habían transcurrido 12 años desde que la CE declaró el régimen vasco ilegal y a que España "es el segundo país con más casos por recuperar".

En concreto pidió una "medida disuasoria" contra España que podría superar los 64 millones de euros.

Esa cantidad resultaría de multiplicar la suma a tanto alzado de 25.817,4 euros al día que pide la CE por el número de días transcurridos desde el 14 de diciembre de 2006, cuando el Tribunal pronunció una primera sentencia en la que daba la razón a la Comisión sobre la ilegalidad de las ayudas y pedía su recuperación, hasta la fecha de recuperación de todas las ayudas declaradas ilegales.

Las conocidas como "vacaciones fiscales vascas" engloban tres medidas vinculadas a la exención del impuesto de sociedades, la reducción de la base imponible del impuesto de sociedades, y al crédito fiscal del 45 % del importe de ciertas inversiones.

El primer grupo de ayudas fue objeto de un procedimiento anterior, mientras que los otros dos siguen pendientes de sentencia de Tribunal.

Se calcula que unas 300 empresas se beneficiaron de estas ayudas.

La abogada general podría recomendar imponer una multa del orden de lo que pide la Comisión, superior o inferior, o bien no aplicar sanción económica alguna a España, aunque esta última opción parece menos probable dada la envergadura del caso, que lleva más de una década en litigio.

La decisión final del Tribunal de Justicia podrá demorarse varios meses y no es recurrible.