Afectados por final de los contratos de renta antigua piden nueva moratoria

Madrid, 11 sep.- La Plataforma nacional de afectados por la extinción de los contratos de alquiler de renta antigua de establecimientos ha pedido hoy una nueva moratoria de 10 años, hasta el 2025, para evitar el cierre de unos 100.000 locales en toda España y que 300.000 personas se queden sin su puesto de trabajo.

La plataforma, que nace coordinada por la unión de trabajadores autónomos UPTA, ha sido presentada hoy por el secretario general de dicha organización de emprendedores, Sebastián Reyna, y por su secretario institucional César García; así como por Ángel Rodríguez, miembro de la plataforma creada en Granada.

Según las cifras que han dado, unos 200.000 locales de toda España están afectados por la supresión, a partir del 1 de enero de 2015, de los conocidos como contratos de renta antigua de alquiler de establecimientos.

La ley de arrendamiento urbanos de 1985 fijaba que, en un plazo de diez años, debían desaparecer ese tipo de arrendamientos.

Pero debido a la crisis del 94 se aprobó una nueva ley de arrendamientos que daba una nueva moratoria de 20 años que cumple en enero de 2015, ha recordado Reyna.

Ahora los integrantes de la Plataforma demandan 10 años más y ofrecen a cambio, para no perjudicar a los propietarios, que se les suba sus alquileres un 30 % desde primeros del año que viene.

Además proponen que la actualización anual de los precios se tenga en cuenta la diferencia entre el IPC real de cada ejercicio y el de arrendamientos urbanos anual.

Preguntados qué subida media pueden plantear los arrendadores desde 2015, Sebastián Reyna ha dicho que es difícil saberlo, pero ha advertido de que, si no hay negociación, el mínimo va ser doblar el precio actual y que podrá haber casos de hasta el "1.000 por cien".

Otro problema que han denunciado los comparecientes es que en algunas ciudades la propiedad de los establecimientos es de grandes familias o de "fondos buitre" de inversión que se pueden permitir echar al arrendatario y estar un año sin volver a alquilarlo para no tener que indemnizarlo.

Para evitarlo la plataforma exige que la indemnización, en todos los casos, sea de 18 mensualidades de la renta rechazada por el inquilino.

La plataforma va a negociar con los diferentes grupos parlamentarios y con el Gobierno nacional la nueva moratoria, así como una línea oficial de crédito para el traslado, reforma y adaptación de los locales para empresas afectadas.

Tanto Reyna como Rodríguez han confiado en la sensibilidad del Gobierno con este tema de "gran calado", aunque no han descartado la convocatoria de movilizaciones si la respuesta es negativa.