Amenaza de huelga general en Puerto Rico si se decreta una emergencia fiscal

  • Los sindicatos puertorriqueños advirtieron hoy al Ejecutivo que lidera Alejandro García Padilla de que están dispuestos a convocar una huelga general indefinida si sale adelante una ley con la que el Gobierno pretende reducir beneficios a los empleados públicos para contener el déficit.

Alfonso Rodríguez

San Juan, 21 may.- Los sindicatos puertorriqueños advirtieron hoy al Ejecutivo que lidera Alejandro García Padilla de que están dispuestos a convocar una huelga general indefinida si sale adelante una ley con la que el Gobierno pretende reducir beneficios a los empleados públicos para contener el déficit.

"Habrá huelga general si se aprueba el proyecto de la ley de emergencia fiscal", dijo el portavoz de la Coordinadora Sindical, Luis Pedraza Leduc, en entrevista con Efe en referencia a la Ley de Sustentabilidad Fiscal del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

El proyecto pretende atender las consecuencias de la degradación del crédito de Puerto Rico, que limita su capacidad de financiación en los mercados de deuda, y tiene como principal consecuencia para los empleados de empresas públicas que se obliga a los sindicatos a renegociar los convenios colectivos y asumir recortes en derechos adquiridos.

Pedraza Leduc, cuya organización agrupa a quince sindicatos de diferentes sectores, participó este jueves en una manifestación ante la sede del Legislativo, donde hoy comenzaron las vistas públicas sobre ese proyecto de ley.

La jornada ya comenzó con paros y concentraciones desde primeras horas de la mañana en distintas corporaciones públicas de la isla, un primer aviso al Ejecutivo del que no se dio publicidad en la víspera y que llevó al gobernador a tener que cancelar un acto público que tenía previsto.

Las principales protestas tuvieron lugar en algunas de las mayores empresas públicas de Puerto Rico, en especial la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

"Se logró un éxito", dijo Pedraza Leduc sobre el paro de dos horas de hoy con el que los sindicatos advirtieron al Ejecutivo de que no están dispuestos a aceptar la entrada en vigor de esa ley.

El Proyecto de Ley del Senado 1092, que en la Cámara de Representantes se identifica como 1922, comprende toda una serie de medidas que buscan el equilibrio de las finanzas públicas por medio de reducción de gastos, control de todo tipo de compras en compañías públicas y de negociación de convenios colectivos a la baja.

En la exposición de motivos del proyecto se apunta que la situación fiscal que atraviesa Puerto Rico es la más crítica de su historia, por lo que fue necesario poner en marcha medidas para el presente año fiscal 2013-2014 que permitirán que el próximo 30 de junio -fin del ejercicio- se reduzcan el déficit de 820 a 650 millones de dólares.

A pesar de ello, el pasado 31 de marzo la deuda emitida por el Estado Libre Asociado y sus corporaciones se situaba en casi 73.000 millones de dólares, un panorama ante el que el Ejecutivo apuesta por una ley que opone congelar todas las mejoras salariales en cualquier dependencia o corporación pública.

La norma afecta además a pagas extras de Navidad y verano de los funcionarios, impone medidas de reorganización y de congelación y recorte de gastos a prácticamente a todos los ámbitos de cualquier dependencia estatal de Puerto Rico.

Pedraza Leduc denunció que lo que la ley supondrá, en caso de aprobarse, es que los salarios de las empresas públicas no se podrán aumentar hasta al menos 2017.

El presidente del Sindicato de Bomberos, José Tirado, dijo hoy a Efe que ese cuerpo será uno de los más afectados, ya que dejará tan sólo un operario por cuartel, con lo que la red de bomberos "se convertirá en un servicio inoperante". Igualmente criticó la reducción a casi la mitad de la paga de Navidad.

En contraposición a la llamada Ley de Emergencia Fiscal, la Coordinadora Sindical un difundió hoy una "Declaración de Emergencia Social y Laboral", en la que se subraya que el Gobierno quiere que sean los trabajadores quienes paguen el precio de una crisis que no han provocado.

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