Aragón. El gobierno autonómico aprueba tres leyes por la transparencia y la ejemplaridad políticas

El Consejo de Gobierno de Aragón aprobó hoy la Ley de Transparencia Pública y Participación Ciudadana, una modificación de la Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón y la Ley de Subvenciones, las tres en aras de la ejemplaridad y la rendición de cuentas en la gestión pública.
Las tres leyes son tres compromisos de legislatura de este Ejecutivo en respuesta a la exigencia ciudadana de una mayor transparencia y de ejemplaridad en la acción política.
La Ley de Transparencia Política y Participación Ciudadana se ha redactado teniendo en cuenta más de 450 aportaciones de más de 30 entidades y un centenar de ciudadanos. Contempla, por ejemplo, que se publicarán todos los datos correspondientes a la gestión pública, incluidos los avales de más de 50.000 euros que concedan la Administración o las entidades privadas, cuando en principio la cuantía a partir de la cual debían divulgarse era de 100.000.
En el caso de la Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón, se eleva a rango de ley el Código de Buenas Prácticas que ya aprobó el Ejecutivo en agosto de 2011 y que lleva aplicando desde entonces. En el nuevo texto aparece el llamado Código de Buen Gobierno, con las líneas de conducta que deben seguir los miembros del Ejecutivo aragonés y sus altos cargos.
A partir de su aprobación, éstos deberán regirse por los principios de eficacia, eficiencia, imparcialidad o neutralidad en la toma de todas sus decisiones. Además, se refuerza el control sobre sus actividades e incompatibilidades, ya que deberán reflejar su declaración de renta y de patrimonio al comienzo, durante y al final del mandato. El control sobre los posibles conflictos de intereses se extenderá hasta dos años después de haber abandonado el cargo.
Finalmente, la Ley de Subvenciones fija para las mismas un tope del 80% del coste de la actividad que se va a subvencionar. Las ayudas directas tendrán que estar acompañadas de una memoria económica y las entidades locales deberán haber sido fiscalizadas por la Cámara de Cuentas.