Así es el "plan de trabajo garantizado" de Garzón... ¿es viable?

"Trabajo garantizado" para aquellos que no han podido encontrarlo en el sector privado o en el sector público tradicional "sin importar su experiencia profesional, cualificación, sexo, renta o edad". Es una de las ideas que vertebrarán el programa electoral en el que trabaja IU y que forma parte al mismo tiempo de su 'Plan de rescate ciudadano'.

Parte de una premisa clara: el Estado está "obligado" a garantizar un puesto de trabajo remunerado y con condiciones dignas y el objetivo es que, en un futuro, ese trabajo garantizado sea universal. De momento, en el primer año, contemplan la creación de un millón de puestos de trabajo, básicamente, en sectores como servicios sociales (asistencia a dependientes y en la tercera edad), cuidado de espacios urbanos, actividades lúdicas o mantenimiento de infraestructuras o protección del patrimonio.

El plan establece una especie de diferenciación entre trabajos 'de núcleo' y el resto. Los primeros se refieren a aquellos que implican una atención de las necesidades más urgentes de la población. De esta forma, sostienen, si una persona de este núcleo logra trabajo en el sector privado, otra persona del programa lo sustituiría. La transferencia de trabajadores, defienden, sería constante.

La idea ha sido trabajada por el economista Eduardo Garzón- hermano del candidato, Alberto Garzón- y otros expertos de la Fundación Europea de los Ciudadanos. Sus beneficiarios, explica a este diario, se decidirán conjugando básicamente dos factores. "La cantidad de tiempo que lleven en desempleo y los ingresos declarados". No importa, por ejemplo, que la búsqueda de empleo haya sido más o menos activa, un factor que, explica Garzón, resulta subjetivo, personal y difícil de cuantificar.Salarios de hasta 1.200 euros y 35 horas semanales

Las condiciones de esos contratos también vienen fijadas: indefinidos y con un salario de entre 900 y 1200 euros brutos mensuales-nunca más- en doce pagas. Este sueldo sería, además, compatible con la prestación por desempleo, y, defienden desde IU, la retribución no es sólo salarial. Incluye también otros pagos, como cotizaciones a la Seguridad Social, ayudas para transporte, permiso por vacaciones, por paternidad y maternidad, por enfermedad, etc. La jornada será de 35 horas semanales, de las cuales, un 12% se destinarán a formación.

La intención es que el salario establecido, ese mínimo de 900 euros, actúe en cierto modo como 'regulador' de los sueldos de la empresa privada, que quedaría obligada a atraer a los trabajadores 'mejorando' los sueldos públicos. Los trabajadores estarían sujetos a todos los derechos laborales, excepto la negociación colectiva. Los salarios nunca podrán ser negociados.

"El efecto total se produciría con un pleno empleo, o algo cercano a ello", defiende este experto, "y permitirá que los trabajadores actuales no tengan que aceptar determinadas condiciones para mantener su empleo, salarios bajos, horas extras, etc. Perderían el miedo y no se sentirían amedrentados por los empleadores".

Han calculado, por ejemplo, que el millón de empleos podría generar hasta 300.000 puestos privados. De esta forma, el programa resultará sostenible en el futuro, con nuevos ingresos de impuestos y más creación de puestos de trabajo en la empresa privada. La propuesta de los sectores que necesitan un mayor refuerzo deberá partir de los Ayuntamientos. El empleador sería el Servicio Público de Empleo Estatal, pero los encargados de gestionar los puestos de trabajo, ayuntamientos y comunidades autónomas. ¿Y qué sucede si ya hay empresas contratadas que se dedican a ello?

"La idea es que la identificación de las actividades a realizar se decidan de forma participativa. Si una empresa, por ejemplo, se dedica ya al servicio de escuelas infantiles y ya realiza una actividad, se tendrá en cuenta. Pero habrá otros puestos que no estén cubiertos. La idea es un equilibrio, buscar un consenso. No hay nada malo en fortalecer unos servicios que hoy resultan claramente insuficientes, pero también hay otros no están cubiertos", sostiene Garzón.

¿Cómo se financiará? Según los cálculos de estos expertos, la aplicación de esta medida tendría, en su primer año, un coste de unos 15.000 millones de euros-9.600 millones, una vez aplicados los correspondientes descuentos de cotización, entre otros. La financiación correría a cargo de una reforma fiscal-la recaudación superaría el 6,2% del PIB en un año, calculan- y un ambicioso plan de lucha contra el fraude.

Ellos defienden que los recursos obtenidos por estas vías serían más que suficientes para cubrir este programa. "Con las propuestas de financiación que tenemos seríamos capaces de alcanzar una recaudación de 66.000 millones de euros cada año", dice Garzón, "y tenemos aún cinco años para atrás para recabar el dinero del fraude fiscal". Las medidas se establecen en tres líneas: combatir el fraude de grandes empresas y fortunas "para lo que se necesita una reorganización del Ministerio de Hacienda, con la creación, por ejemplo de 8.000 puestos de trabajo", nuevas figuras impositivas- "impuestos a transacciones financieras, impuestos al lujo o a gastos suntuarios, como cotos de caza o campos de golf, a viviendas vacías y cajeros" y la reforma de las actuales figuras impositivas, con un carácter progresivo.

La idea, una de las columnas centrales del programa de IU para las generales, se apoya en las reflexiones del economista Randall Wray, quien en su libro 'Teoría Monetaria Moderna'recupera teorías económicas que se habían perdido en el último medio siglo, en las que el trabajo ha de ser considerado "derecho humano". Wray recuerda, por ejemplo, que el 'trabajo garantizado' está incorporado ya en varias legislaciones, como en la India, cuya Constitución lo recoge expresamente.¿Es viable?

La idea fue planteada también por uno de los economistas de cabecera de Podemos, Vicenç Navarro, quien en un artículo en su blog ponía cifras a la creación de empleo público. "Sabemos, por ejemplo, que si España tuviera una persona de cada cinco, como tenía Suecia en 2010, en los servicios públicos -de los cuales la mayoría son los del Estado de Bienestar- en lugar de una de cada diez, tendríamos más de tres millones y medio de empleos adicionales en nuestro país, eliminando una buena parte del desempleo", razonaba. La financiación, también en su propuesta, sería posible "si se consigue que los ingresos públicos se correspondan con los estándares de nuestro entorno más avanzado". Esto es "si se combate con eficacia el fraude y la elusión fiscal y se hace una reforma fiscal auténticamente-y no sólo nominalmente-progresiva".

Carlos Cruzado, presidente de GESTHA, sindicato de Técnicos de Hacienda, lleva años reivindicando como necesaria una reforma profunda para perseguir el fraude. Pero sostiene, en cambio, que los plazos deben ser más amplios para que las medidas tengan eficacia.
"En un año es muy complicado hacer una valoración y sobre todo cuando se trata de cantidades tan importantes. Lo que nosotros planteamos es que en un medio plazo, unos cuatro o cinco años, sí será posible incrementar los recursos con la persecución del fraude, sobre todo, reduciendo el diferencial, que ahora está en el 25% del PIB de economía sumergida, en diez puntos, para situarnos al nivel de otros países de nuestro entorno, como Francia, Alemania o Reino Unido". En ese caso, sostienen, se podría disponer de hasta 25.000 millones de euros, en el mejor escenario.

Otros expertos cuestionan su aplicación en un escenario como el actual, en el que la economía está aún sujeta a las cifras de la deuda."Es un disparate, ¿cómo se van a crear un millón de puestos de trabajo con los niveles gigantescos de deuda y déficit que tenemos?", se pregunta Roberto Centeno, catedrático de Economía en la UPM. "Y cuando sobran dos millones de 'enchufados'", apostilla.

La medida genera, sin duda, debate. Entre sus defensores se encuentran algunos reconocidos economistas internacionales, como Mathew Forstater, que entre sus ventajas cita una mayor estabilidad social y hasta el alivio de enfermedades asociadas al desempleo, como consumo de drogas y alcohol y problemas mentales. Otros apuntan a que su coste sería compensado con lo que se dejaría de pagar por desempleo y también, incluso, que reduciría los niveles de economía sumergida.