Asociaciones de consumidores piden al Gobierno que aclare sus competencias

  • El pleno del Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU) remitirá una carta a la secretaria general de Sanidad y Consumo, Pilar Farjas, para mostrar la preocupación de las asociaciones "porque pueda existir una postura restrictiva del papel que tienen que jugar" y para que se clarifiquen sus competencias.

Madrid, 26 sep.- El pleno del Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU) remitirá una carta a la secretaria general de Sanidad y Consumo, Pilar Farjas, para mostrar la preocupación de las asociaciones "porque pueda existir una postura restrictiva del papel que tienen que jugar" y para que se clarifiquen sus competencias.

Así lo ha decidido el pleno del CCU en su reunión de hoy, según ha señalado a Efe su presidenta, Francisco Sauquillo, quien ha asegurado que esta preocupación existe tras el requerimiento de Farjas a FACUA para que retirara de su web unas campañas contra los recortes que afectan a educación y sanidad al entender que podría estar extralimitándose en sus funciones.

Ante este requerimiento, las asociaciones están preocupadas porque la Administración u otros órganos administrativos puedan no tener claro cuál es el papel de las asociaciones de consumidores en la actualidad, según Sauquillo.

Y por ello se dirigirán a Farjas para debatir sobre esta cuestión que se determinará en el nuevo registro en donde se inscriben las organizaciones que tienen capacidad para defender a los consumidores y que se está elaborando.

El pleno, sin embargo, no ha considerado conveniente debatir sobre una propuesta de Facua, que, según Sauquillo, no figuraba en el orden del día tal y como hoy ha sido planteada: la de dirigir una carta a la ministra Ana Mato y también a Farjas, presidenta del Instituto Nacional de Consumo (INC), para otra cuestión.

En concreto, según han señalado fuentes de FACUA, para trasladar el rechazo del Consejo a la argumentación esgrimida por el INC de que una asociación de consumidores y usuarios no puede actuar en cuestiones relacionadas con la enseñanza o la educación públicas por estar supuestamente prohibido por la legislación vigente y la advertencia de que hacerlo podría implicar la expulsión del Registro de Asociaciones de Consumidores y Usuarios.

Según Sauquillo en el orden del día del pleno figuraba el estudio sobre el requerimiento, pero Facua ha realizado otro planteamiento que "no era el requerimiento en sí".

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