Asociaciones de usuarios de medios denuncian la vulneración de los derechos de los menores

La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de los Medios (iCmedia) presentó este martes el informe ‘La protección del menor tras la Ley General de la Comunicación Audiovisual: Perspectivas y retos’, en el que pone de manifiesto las dificultades que existen en España para defender los derechos de los más pequeños en materia audiovisual.
Una primera conclusión del informe, según la vicepresidenta de iCmedia, Carmen Fuente Cobo, es que “en ausencia del desarrollo de la Ley General de la Comunicación Audiovisual (LGCA), la situación actual en cuanto a protección de los derechos de los menores y de los ciudadanos, en general, es peor que con la legislación anterior, ya claramente insuficiente. Ello obedece a que no se han cumplido las expectativas de la vigente ley, en un apartado tan novedoso como la aplicación real de los derechos de los menores y de todos los consumidores”.
Según iCmedia, “el Gobierno apunta en la buena dirección pero que debe agilizar la gestión para no prolongar más la indefensión práctica de los usuarios, sobre todo la defensa de los menores, mediante el respeto de los operadores a las dos franjas de protección: De seis de la mañana a diez de la noche, para los menores de 18 años, y de cinco de la tarde a ocho de la tarde, para los menores de 13 años”.
“Cuando se viola la ley del tabaco y del alcohol, se ponen sanciones, pero vulnerar la ley que proteja al menor es absolutamente gratuito” manifestó el presidente de iCmedia, José Luis Colás. “Deseamos que la administración actual ponga remedio” agregó Carmen Fuente.
Los autores del informe consideran urgente un desarrollo normativo de la LGCA, los puntos más destacados que proponen son la necesidad de un reglamento que clarifique los criterios y procedimientos para la calificación de los contenidos televisivos; normas que desarrollen la puesta en marcha de Guías Electrónicas de Programación y sistemas de Control Parental que hagan efectivo el derecho a la protección de los menores y a la elección de contenidos por parte de padres y usuarios en general, y rigor en la vigilancia, control y sanción de la aplicación de la legislación vigente sobre protección de menores por parte de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información.
También piden la habilitación de una “ventanilla” de recepción, tramitación y respuesta a quejas y reclamaciones de los ciudadanos y la participación de los usuarios de los medios en el nuevo organismo regulador (la nueva CNMC), tal como estaba previsto a través del Comité Consultivo diseñado en la Ley General de la Comunicación Audiovisual.