Astic considera que las autopistas siguen siendo un negocio de empresas privadas

La Asociación del Transporte Internacional por Carretera (Astic) rechazó este lunes la continuidad de la concesión de autopistas y se mostró partidario de que la gestión de estas vías pasen al Estado.
“No puede ser que 50 años después se siga con la concesión. Tienen que pasar al Estado. El coste de mantenimiento debe ser menor y el coste del peaje se debe reducir. Al final, las autopistas son otro negocio de los 7 ó 10 magníficos que hay en el país”, señaló Marcos Basante, presidente de Astic, en una rueda de prensa celebrada en Madrid en la que expresó la oposición de esta asociación al mantenimiento de las concesiones de autopistas a empresas privadas.
Basante dijo que la administración de las autopistas es un “lobby de siete multinacionales que manejan el país” y que Astic es “una cosita pequeña” que debe luchar porque son esas siete entidades las que “manejan el Boletín Oficial del Estado”.
Respecto a la petición de las patronales de la construcción para que se cree un presupuesto anual de entre 800.000 y 900.000 millones de euros, costeado por las empresas de transporte, para mantener las carreteras, Basante recordó que el Estado ya recauda 8.000 millones de euros a través de los impuestos que gravan los hidrocarburos.
Asimismo, señaló que el sector del transporte ya paga demasiados impuestos, por lo que se opone “frontalmente” a “otro repago más”. El presidente de Astic recordó que hace dos años la patronal de la construcción, Seopan, con “mucha gente atrás con un poder fáctico importante”, se reunió con el presidente del Gobierno para proponer el repago pero a su asociación el jefe del Ejecutivo todavía no la ha convocado.
ARMONIZACIÓN EN EUROPA
Basante manifestó que Astic siempre ha defendido las empresas, empleados y camiones estén radicados en España, por lo que se mostró preocupado por la deslocalización que se está produciendo en el sector en la Unión Europea y consideró que se trata de un “tema importante a tratar”.
Expresó que, como asociación, no pueden evitar que empresarios vayan a países como Portugal y Rumania a instalarse para reducir costes, por lo que solicitó que sea la Unión Europea la que legisle y armonice los salarios para que sean “más o menos parecidos”.