Berlín defiende programa de compra de deuda de BCE ante Constitucional alemán

Juan Palop

Berlín, 11 jun.- El Gobierno alemán dejó hoy de lado sus reticencias y salió en defensa del contestado programa de compra de deuda del Banco Central Europeo (BCE) en la primera jornada de la vista oral del Tribunal Constitucional (TC) que evalúa su legalidad.

La canciller Angela Merkel y su ministro de Finanzas, Wolfgang Schäuble, aparcaron el escepticismo inicial que mostraron ante la propuesta del presidente del BCE, Mario Draghi, por temor a que la enfermedad -la crisis de la deuda- o la falta de medicinas sean de hecho peores que los efectos secundarios de un remedio del que recelan.

El Ejecutivo se declaró convencido de que la medida anunciada el pasado verano no excede el mandato del BCE -frente a las acusaciones de intrusismo en las competencias nacionales vertidas por los detractores- y destacó su papel en la estabilización de los mercados de deuda.

Merkel, en su intervención ante el Congreso de la Federación de la Industria Alemana (BDI) en Berlín, tras destacar la "importancia" del programa "Outright Monetary Transactions" (OMT) confió en que, como en anteriores ocasiones, el TC acabe respaldando un "instrumento de solidaridad" europeo.

Schäuble, por su parte, afirmó al llegar a la sede del TC que el gobierno "no tiene duda" de que la disposición del BCE a comprar deuda de forma ilimitada en el mercado secundario a cambio de ajustes fiscales se inscribe "en el marco de su mandato".

Su defensa sin fisuras contrasta con el escepticismo abierto con el que acogieron la propuesta estrella de Draghi para reducir los diferenciales de los bonos españoles e italianos con respecto de los alemanes, la denominada prima de riesgo.

Junto al Ejecutivo, en defensa del plan intervino también Jörg Asmussen, miembro alemán del comité ejecutivo del BCE, que recordó las dificultades de los países en crisis y la condicionalidad del programa.

Detrás de la posición del Gobierno alemán puede estar el pragmatismo, a pesar de las próximas elecciones: el mero anuncio del OMT -porque nunca se ha aplicado- ha reducido a la mitad la prima de riesgo española desde el pasado julio.

Según los expertos, un fallo contrario del Constitucional conllevaría un período de gran incertidumbre política, legal y financiera en la eurozona, como reflejaron hoy las caídas en las principales bolsas del continente.

La posible puesta en marcha de una compra de bonos quedaría en el aire, pero el principal problema sería cómo puede afectar una sentencia nacional a una institución supranacional (no directamente, pero sí a través del Bundesbank, el mayor banco central del Eurosistema).

Frente a la reivindicación gubernamental del éxito del programa, el presidente del TC alemán, Andreas Voßkuhle, indicó al abrir la vista que su objetivo no es juzgar la "pertinencia y utilidad" del plan, algo que corresponde "a la política", sino evaluar su legalidad.

Los 37.000 ciudadanos alemanes que han firmado el recurso alegan que el BCE no tiene "legitimación democrática", y que el programa es política fiscal encubierta -ámbito sobre el que el BCE no tiene competencias- y podría acabar disponiendo, sin base legal, del dinero de los contribuyentes alemanes.

Uno de los más fieros críticos de la propuesta, el exasesor económico de Merkel y presidente del Bundesbank, Jens Weidmann, declaró también ante el TC para insistir que la compra de bonos es política fiscal y no monetaria, que implica la colectivización de las deudas y que pervierte el carácter "disciplinario" del mercado.

Los expertos barajan cuatro opciones para el Constitucional cuando éste dicte sentencia en una fecha aún sin determinar -y hasta la que podrían pasar varias semanas- tras las vistas orales de hoy y mañana.

La más factible es que el TC alemán opte, como cuando evaluó la constitucionalidad del fondo de rescate, por respaldar la medida, aunque bajo unas condiciones que limiten la exposición financiera de Alemania y fijen la supervisión del Bundestag (cámara baja).

Otras posibilidades más remotas son que falle contra el OMT, que aduzca que no tiene sentido pronunciarse sobre un programa escasamente perfilado y que aún no se ha puesto en práctica, o que se declare no competente en favor el Tribunal de Justicia de la UE.