Bolivia descarta negociar con empresa india que le inició arbitraje en París

La Paz, 27 jun.- El Gobierno boliviano descartó cualquier posibilidad de negociación con la empresa india Jindal, que le inició un proceso ante la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio de París (CCI-París) por el fracaso del mayor proyecto siderúrgico en el país andino, informó una fuente oficial.

El procurador general del Estado, Héctor Arce, señaló que "en una acción incomprensible" Jindal presentó en marzo pasado "una supuesta solicitud de arbitraje en contra del Estado boliviano" ante la CCI-París, según información difundida por la Procuraduría.

Arce sostuvo que ese arbitraje "no tiene ninguna base jurisdiccional" y "no va a ser reconocido jamás por Bolivia".

El procurador estuvo el pasado lunes en Francia para explicar al secretario general y otros funcionarios de la CCI-París las razones por las cuales su país desconoce la jurisdicción y competencia de esa instancia en la controversia con Jindal.

"Ellos han entendido los planteamientos y fundamentos de Bolivia y los fundamentos van a ser presentados por escrito en las próximas horas", anunció Arce.

Jindal fue contratada en 2007 para explotar la mitad de la mina Mutún, yacimiento situado en la región de Santa Cruz (este), limítrofe con Brasil y Paraguay, que contiene 40.000 millones de toneladas de distintos minerales, principalmente hierro.

La firma india abandonó el proyecto en julio de 2012, en medio de una investigación oficial por supuestos incumplimientos del contrato.

El Ejecutivo boliviano acusó a la firma india de no haber realizado las inversiones comprometidas e incluso la multó con el cobro de dos garantías bancarias por 36 millones de dólares.

Jindal adujo por su parte que las autoridades no facilitaron su trabajo, poniendo trabas a su acceso a la mina, y que tampoco le otorgaron la suficiente seguridad jurídica.

Arce señaló que el contrato para la explotación del Mutún "establece la expresa exclusión de la aplicación de cualquier tratado bilateral de inversiones".

Agregó que aquel documento tampoco incluye "ninguna cláusula compromisoria de arbitraje en contra del Estado boliviano", por lo que insistió en que "no hay razón ni posibilidad alguna de que el Estado boliviano sea demandado".

Arce también indicó que cuando una empresa es nacionalizada por decreto, se abre "un proceso de evaluación y de negociación para llegar a una indemnización correcta" y que en esos casos, Bolivia "está abierta" a dialogar para lograr "soluciones amistosas".

"Existe otro tipo de casos (...) donde ha habido mala fe, ha habido engaño, ha habido saña y ha habido una acción antiética, incorrecta, ilegal contra el Estado boliviano y en estos casos, la Procuraduría no tiene absolutamente nada que negociar", sostuvo.