San Juan, 29 jun.- Bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) de Puerto Rico, compañía que controla el sector energético de la isla, demandaron ante la Justicia de EE.UU. al Gobierno puertorriqueño por considerar inconstitucional la ley que regula el proceso de quiebra en las corporaciones públicas.
"Al promulgar esta Ley", Puerto Rico, que es un Estado Libre Asociado de EE.UU., "y el gobernador pretenden crear facultades legales que violan la Constitución en perjuicio de los demandantes y otros acreedores de las corporaciones públicas", asegura la demanda interpuesta por entidades que controlan 1.700 de los 8.800 millones de dólares de deuda de la AEE.
La demanda, presentada ante el Tribunal federal de EE.UU. en San Juan, tacha de inconstitucional una ley firmada por el gobernador Alejandro García Padilla.
La norma establece un marco legal para que las corporaciones públicas con dificultades financieras puedan reestructurar sus deudas sin tener que recurrir al Banco Gubernamental de Fomento (BGF).
Los demandantes, 23 gestores de fondos de EE.UU. principalmente franquicias Franklin Funds y Oppenheimer, aseguran que la ley, aprobada al amparo de la "emergencia fiscal" decretada en la isla, viola la quinta enmienda de la Constitución de EE.UU. -que asegura que no se pueden utilizar para fines públicos una propiedad privada sin que haya una compensación-, así como su disposición sobre la regulación del proceso de bancarrota.
Además, consideran ilegal que, tal y como establece la nueva ley, un acreedor de la AEE pueda verse obligado a aceptar el pago parcial de sus bonos si otros titulares de bonos lo hacen o incluso si otro tipo de acreedores de la compañía lo hace y cuenta con la aprobación de un juez.
Defienden además que el Estado Libre Asociado de EE.UU. no puede aprobar una ley que impida a los potenciales demandantes acudir a los tribunales federales y aseguran que la ley viola disposiciones de la legislación federal sobre bancarrota.
Igualmente, afirman que esta norma regula el proceso de quiebra en un territorio estadounidense, algo que sólo puede hacer el Congreso federal.
La norma fue bautizada como Ley para el Cumplimiento con las Deudas y para la Recuperación de las Corporaciones Públicas y es conocida en la isla como la "quiebra criolla".
La inmediata respuesta de las agencias acreditadoras fue rebajar esta semana la calificación de la deuda de la AEE, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y la Autoridad de Carreteras y Transportación varios escalones dentro del grado especulativo ("chatarra").
Todas ellas ofrecen servicios públicos básicos a la ciudadanía, como el suministro eléctrico y de agua y el mantenimiento de las carreteras en una isla que va camino de encadenar ocho años de recesión.
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