El acuerdo contempla la creación de un fondo de 20.000 millones de reales (USD 5.000 millones) entre otras medidas para recuperar la cuenca del río Doce, uno de los más importantes de Brasil.
Cientos de kilómetros cuadrados fueron arrasados hace casi cuatro meses por un tsunami de desechos mineros que atravesó dos estados brasileños con consecuencias desastrosas para la vida cotidiana de miles de habitantes, el medio ambiente y la economía local.
Pero el fiscal federal José Adércio Leite Sampaio, de Minas Gerais (sureste), el estado donde ocurrió la tragedia, dijo a la AFP que impugnará el acuerdo porque es incorrecto en fondo y forma. También anunció que presentará una demanda contra el Estado brasileño.
"¿Cómo se va a definir un monto si no hay criterios de evaluación del daño? (...) ¿De dónde se sacó ese número? Para nosotros es un número mágico", dijo el fiscal. "Pueden ser 23, 24, 30, 40.000 millones", agregó.
"Vamos a impugnar el acuerdo. No nos quedará otra medida que adoptar acciones inclusive contra el Estado (...) que tiene responsabilidad por no fiscalizar adecuadamente a Samarco", sostuvo.
El fiscal dijo asimismo que está muy preocupado por la fundación que administraría el fondo, con una composición que obedecería a criterios políticos y una representación de la sociedad civil "absolutamente minoritaria".
La gigante brasileña Vale y la anglo-australiana BHP son dueñas a partes iguales de Samarco, décima exportadora de Brasil y propietaria del embalse de desechos mineros que reventó el 5 de noviembre y desató un torrente de lodo que enterró un pueblo de Minas Gerais, con un saldo de 17 muertos.
Fuentes del ministerio de Medio Ambiente dijeron a la AFP que las negociaciones entre el gobierno y Samarco se han retrasado porque la minera rechaza algunas medidas compensatorias de daños irrecuperables, y que serán posiblemente concluidas la semana que viene.
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