El sistema impositivo español impone excesivas cargas fiscales a las empresas, es complejo y rico en normas que persiguen fines contradictorios, carece de la mínima seguridad jurídica y presenta una profunda descoordinación entre lo que hace el Estado y lo que hacen las comunidades autónomas.
Éste es el diagnóstico que el Comité Fiscal de CEOE ha trasladado a las organizaciones sectoriales y territoriales que componen la patronal, en lo que constituye un primer documento de propuestas para la Reforma Fiscal que en los próximos días se enriquecerá con sus aportaciones antes de ser remitido al Gobierno.
Lo que plantean los empresarios en el documento es lo siguiente: quieren pagar menos impuestos, es decir, un tipo de Impuesto de Sociedades más bajo y menos cotizaciones sociales; que cumplir con las obligaciones fiscales sea más sencillo y requiera menos papeleo; una Administración Tributaria más abierta y cooperativa; y, sobre todo, poner freno a la proliferación de impuestos autonómicos.
La crisis ha convertido este último asunto en un foco de preocupación para las empresas. Porque al tiempo que ha ido vaciando las arcas de las autonomías, ha animado la actividad fiscal de los gobiernos regionales que han aprobado en los últimos cinco años más impuestos que nunca.
El resultado ha sido un panorama que CEOE define así. "Además de los impuestos estatales, existen aproximadamente 100 impuestos propios de las comunidades autónomas y esta cifra va en aumento".
"La mayoría tienen un pretendido carácter medioambiental, pero su principal finalidad es la obtención de ingresos públicos", continúa el documento, "generando impactos negativos en la competencia y en la libertad de mercado, inseguridad jurídica y alta litigiosidad".
La organización empresarial denuncia que estos impuestos se aprueban de forma completamente descoordinada, se basan en criterios diferentes según se aprueben en una región u otra y afectan directamente a sectores muy concretos sin realizar estudio previo alguno sobre su impacto económico, lo que en ocasiones puede llegar a desencadenar "desaparición de empresas y destrucción de empleo y riqueza". Un cuadro.'Controlar' a las autonomías
CEOE no debe ver mucho margen de negociación con los gobiernos regionales porque lo que pide en su documento es que la Reforma Fiscal del Gobierno resuelva el problema por ley.
En concreto, reformando la Ley de Financiación Autonómica para limitar los ámbitos en los que las comunidades autónomas pueden crear nuevos impuestos.
Los empresarios pretenden que el Gobierno impida a los gobiernos regionales aprobar nuevas figuras tributarias sobre sectores ya expuestos a la acción del Estado y los ayuntamientos, sobre instalaciones y centros cuya actividad tenga incidencia ambiental y, por último, sobre actividades con supuestas externalidades negativas, es decir, cuya actividad tenga algún efecto inducido sobre el entorno.
CEOE ha detectado hasta 25 figuras fiscales autonómicas que provocan distorsiones económicas graves, según ponía de manifiesto en un informe elaborado a finales de 2012.Impuestos más bajos y no subir el IVA
Los empresarios también creen contar con argumentos sólidos para solicitar que la próxima Reforma Fiscal reduzca la carga tributaria que pesa sobre ellos.
Apelan a los datos manejados por Bruselas para recordar que España tiene uno de los tipos generales de Impuesto de Sociedades (30%) más elevados de Europa, que la presión fiscal sobre las empresas es superior a la media de la UE y de los países del euro y que mientras en Europa lo normal es que las sociedades aporten el 25% de los ingresos tributarios totales, en España ese porcentaje es del 33%.
La propuesta fiscal de CEOE pide al Gobierno que cumpla cuanto antes su compromiso de reducir las cotizaciones sociales y propone una reforma del Impuesto de Sociedades que unifique el tipo que se aplica a pymes y grandes empresas, y lo aproxime al tipo efectivo del impuesto.
¿Qué implicaría esto? En la actualidad, el tipo general del Impuesto de Sociedades es del 30%, hay un tipo reducido del 25% para pymes que facturen menos de 10 millones de euros, otro del 20% para empresas de reducida dimensión que facturen menos de cinco millones anuales y uno superreducido del 15% para sociedades de nueva creación o de reducida dimensión que reinviertan sus beneficios.
No obstante, el tipo efectivo del impuesto es del 19,7%, una vez aplicadas las reducciones y desgravaciones fiscales existentes en el tributo y calculada la cuota devengada, con datos de 2012.
Lo que propone la patronal es un Impuesto de Sociedades que no discrimine a las empresas por su tamaño, es decir que sea igual para grandes empresas y para pymes, y que fije un tipo nominal lo más cercano posible al efectivo, es decir, en el entorno del 20%-25%.
En realidad pide más cosas: simplificar las obligaciones formales que exige el cumplimiento del impuesto, aclarar la selva de desgravaciones, racionalizar los pagos a cuenta que se exigen en las empresas y que, en muchos casos, según CEOE, hasta superan lo que éstas deben pagar por el impuesto.
En materia de IVA, desaconsejan una nueva subida, ya sea ésta a través del incremento del tipo general o del paso de determinadas partidas de tipos reducidos al tipo general.
Los empresarios entienden que una tercera subida del impuesto tendría un impacto demoledor sobre la demanda interna y reduciría no sólo la actividad económica sino incluso la recaudación.Una Administración más hospitalaria
Si para Cristóbal Montoro los hombres de negro eran los técnicos del Fondo Monetario, del BCE y de la Comisión Europea que regularmente se pasaban por España para chequear de primera mano el cumplimiento del plan de reformas fijado por la troika, para los empresarios los funcionarios de Hacienda son sus particulares y temibles hombres de negro.
En España, al contrario de lo que sucede en otros países, la relación entre las empresas y la Administración Tributaria se define por el conflicto.
La litigiosidad sobre la aplicación de las normas fiscales es elevada y es muy extraño que un empresario se siente delante de un funcionario de Hacienda si no es para explicar un concepto mal consignado, un IVA no repercutido o un beneficio aparentemente no declarado.
El debate sobre la configuración de una Administración Tributaria menos punitiva y más cooperativa y abierta a los contribuyentes se está abriendo paso en el ámbito académico, y CEOE se ha subido a este carro para plantear la mejora de las fórmulas de colaboración con la Administración y el impulso del arbitraje, y no de la sanción, para resolver las disensiones en la aplicación de la legislación tributaria.
En países como Holanda, Suiza o Luxemburgo cuando una empresa quiere abrir un negocio en el país puede solicitar a la Administración Tributaria una valoración previa de la factura fiscal que se puede derivar de su actividad en el mismo.
Y una cosa parecida es lo que propone CEOE para resolver el embrollo fiscal y judicial en que se ha convertido la declaración de operaciones vinculadas, es decir, de transacciones económicas entre empresas del mismo grupo.
La idea es fomentar la figura de los acuerdos previos de valoración por los que las empresas podrían solicitar a la Administración Tributaria una estimación previa del impacto fiscal de este tipo de operaciones, evitando así conflictos posteriores en la manera de declararlas.
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