Washington, 28 feb.- Chevron anunció hoy que el tribunal de arbitraje internacional establecido bajo el tratado bilateral de inversiones EE.UU-Ecuador ha reconocido su competencia para juzgar las demandas de la petrolera estadounidense contra Ecuador en el caso relacionado con la contaminación en la Amazonía.
Según un comunicado de Chevron, la decisión del panel de aceptar el arbitraje le permitirá a la compañía "hacer a Ecuador responsable del fraude cometido a través de su sistema judicial en el caso Lago Agrio", indicó Hewitt Pate, vicepresidente de la petrolera.
La petrolera demandó en 2009 a Ecuador ante este tribunal internacional de arbitraje, creado según afirma la nota al amparo del Tratado Bilateral de Inversiones EE.UU.-Ecuador y bajo el Tribunal de Arbitraje Internacional de La Haya.
Pate subrayó que el proceso legal interno emprendido en Ecuador está "viciado" y constituye un "fraude", y lo comparó con el reciente caso entre el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, y el diario "El Universo".
"La disfunción de la judicatura ecuatoriana está bien documentada, tanto en el caso Lago Agrio como en el reciente caso de El Universo que incluía una sentencia preparada a dedo contra periodistas", agregó el vicepresidente de Chevron.
El anuncio sobre la decisión del panel internacional se produce días después de que la Corte de la provincia ecuatoriana de Sucumbíos rechazase un pedido previo de este panel para que Ecuador impidiese la ejecución del fallo de dos cortes nacionales que condenan a la petrolera Chevron a pagar más de 18.000 millones de dólares por daños en la Amazonía.
La disputa se remonta a 2002, cuando Chevron, para evitar un juicio ante un tribunal federal de EE.UU., eligió el recurso ante los tribunales de Ecuador para resolver las demandas de las comunidades indígenas y los campesinos afectados por la contaminación, que incluyó el derrame de más de 60.000 millones de litros de compuestos tóxicos.
En 2011 un tribunal ecuatoriano ordenó a Chevron que pagara 18.000 millones de dólares para la limpieza de los territorios contaminados.
Además, el dictamen incluye 8.600 millones de dólares por daños medioambientales, una cifra que se multiplicó a más del doble después de que la empresa, con sede en San Ramón (California), se negara a pedir públicamente disculpas a Ecuador.
Grupos indígenas y asociaciones de defensa del medioambiente pidieron este mes en Washington que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos exija que el Gobierno de Ecuador tome medidas de precaución en el intento de arbitraje internacional.
La intervención en el caso de un tribunal de arbitraje representa "una expansión peligrosa de este recurso que amenaza las causas de derechos humanos y el ambiente", expresó entonces Lori Wallach, directora del grupo defensor de los consumidores Public Citizen.
El caso es consecuencia de la contaminación ambiental causada entre 1964 y 1992 por las actividades de la firma petrolera Texaco en la región ecuatoriana de Lago Agrio, compañía que fue adquirida posteriormente en 2001 por Chevron.
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