Competencia sanciona con 1,5 millones a suzuki por acuerdos colusorios en la distribución de motos


La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha impuesto una multa de 1.457.459 euros a Suzuki Motor España y varios de sus concesionarios por acuerdos colusorios en la distribución de motocicletas.
Según Competencia, se abrió un expediente en base a información relacionada con posibles prácticas anticompetitivas en el mercado de la distribución y venta de motocicletas.
El pasado 21 de julio de 2010 se adoptó la incoación de un expediente por prácticas restrictivas a la competencia.
En concreto, los concesionarios afectados son Motorbki World Granada, Motos Andrés, Dyte Móvil, Motofunción, Motorecambios y Accesorios, Saimoto Motor, Motorrad Centro, Motosport Villalba, Codismoto y Gestión Motomercado.
Durante la instrucción se detectaron prácticas que incluían acuerdos de fijación de los precios mínimos de reventa de las motos Suzuki, de los márgenes comerciales que los concesionarios otorgan a sus agentes (o subdistribuidores) por las ventas que realizan éstos, así como de otras condiciones comerciales (por ejemplo, las promociones).
No obstante, la Dirección de Investigación consideró que no había quedado acreditada la responsabilidad de Gestión Motomercado en las infracciones.
Pero el Consejo de la CNC sí ha considerado acreditado que los concesionarios de Madrid y de Granada adoptaron estos acuerdos, con el conocimiento preciso y el consentimiento y apoyo expreso de Suzuki.
La resolución precisa que estos acuerdos "tienen aptitud para restringir gravemente la competencia intramarca, al afectar al precio de reventa y a todos los parámetros a través de los cuales se ejerce esa competencia (márgenes comerciales, promociones, etc.).
En el caso de Madrid, el acuerdo habría abarcado incluso otro elemento importante de la competencia entre los distribuidores por los servicios de los agentes de ventas, como es el precio de reventa de las piezas de recambio originales en sus talleres de reparación.
Competencia recuerda que la estrategia concertada de los concesionarios en respuesta a la amenaza de una guerra de precios ha impedido que el libre funcionamiento del mercado proporcione una solución menos lesiva para los intereses de los consumidores y para un ajuste eficiente de la oferta.
"La fijación del precio de reventa no solo impide que el consumidor pueda beneficiarse del exceso de oferta creado por la crisis del sector, sino que también elimina los incentivos a que los distribuidores recompongan sus márgenes reduciendo los costes mediante una gestión más eficiente de su actividad", explica.

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