México, 2 ene.- La empresa Fumisa aseguró hoy que "mantiene la operación" de los locales comerciales de la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), aun cuando las autoridades aeroportuarias anunciaron ayer la conclusión del contrato con la concesionaria.
"Fumisa está analizando si ha habido algún entorpecimiento a las actividades comerciales de los locatarios que pudiera considerarse una violación que se deba denunciar a las instancias pertinentes", dijo a Efe el director de Inmobiliaria Fumisa, Ruffo Pérez-Pliego.
El ejecutivo indicó que "hoy no se ha materializado aparentemente ninguna violación al contrato o a las resoluciones judiciales", pero advirtió que la compañía se mantiene alerta ante cualquier situación.
"Fumisa mantiene la operación de los locales, estacionamiento y aeropasillos, y estamos atentos a las actividades del AICM", puntualizó.
La administración del AICM informó ayer en un comunicado que arrendaría directamente los espacios comerciales en la Terminal 1, luego de que el 31 de diciembre terminara la vigencia del contrato con Fumisa.
En este sentido, argumentó que los espacios del aeropuerto "son bienes de dominio público de la Nación y a la conclusión del contrato están de nueva cuenta en posesión del AICM, quien es el concesionario del aeropuerto, los terrenos y construcciones que lo integran".
También dijo que el aeropuerto "ha celebrado contratos con los arrendatarios y continuará la formalización de los mismos con quienes aún no regularizan su situación".
Fumisa amplió el área internacional de la Terminal 1 del aeropuerto a través de un contrato que permitía a la empresa subarrendar espacios comerciales para recuperar su inversión. Las obras se iniciaron en 1991 y concluyeron en 2005.
El contrato también establecía que de no alcanzarse la tasa interna de retorno acordada en el 12,82 % a 31 de diciembre de 2013, "se ampliaría el plazo" de vigencia del contrato, explicó Pérez-Pliego a Efe, en una entrevista previa.
De acuerdo con el ejecutivo, la inversión original fue de 1.200 millones de pesos pero en cifras actualizadas el monto rondaría los 4.900 millones de pesos (375 millones de dólares).
Ante esta situación, Pérez-Pliego refirió que una resolución emitida el 15 de abril de 2013 por el Juzgado Vigésimo Noveno Civil de la Ciudad de México estableció, provisionalmente, que las cosas se mantuvieran sin cambios mientras se resuelven todas las controversias judiciales del caso.
La compañía argumentó que la tasa interna de retorno es actualmente menor a la tasa objetivo acordada, por lo que el contrato está vigente "y surtiendo plenos efectos legales" hasta alcanzar dicha rentabilidad, lo que calculó en 10 años más.
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