De Mesa: Gente con deseos de venganza quería otra sentencia para el Prestige

  • Arsenio Fernández de Mesa, director general de la Guardia Civil y delegado del Gobierno en Galicia cuando se hundió el Prestige en 2002 y provocó una marea negra, ha celebrado la sentencia "frente a la gente que con ansias y deseos de venganza" quería que el fallo judicial "fuese de otra forma".

Santiago de Compostela, 14 nov.- Arsenio Fernández de Mesa, director general de la Guardia Civil y delegado del Gobierno en Galicia cuando se hundió el Prestige en 2002 y provocó una marea negra, ha celebrado la sentencia "frente a la gente que con ansias y deseos de venganza" quería que el fallo judicial "fuese de otra forma".

En declaraciones a la cadena Cope, ha defendido su derecho a mostrar su parecer en este sentido, "porque ya está bien que no podamos decir algunos cuando estamos satisfechos", al tiempo que ha recordado que las catástrofes marítimas, "impredecibles e imprevisibles", son difíciles de resolver de la mejor forma.

El tribunal que ha juzgado la catástrofe medioambiental provocada por el hundimiento del vetusto monocasco ha absuelto de los principales delitos a los tres acusados en este proceso y ha eximido al Gobierno español de sufragar los daños que se le reclamaban.

La sentencia establece que no existe responsabilidad penal por lo que ha exculpado de los destrozos del fuel a los tres acusados de haber causado esa tragedia, aunque sí ha condenado al capitán a nueve meses de prisión por un delito de desobediencia grave.

De Mesa ha explicado a esta emisora que el veredicto deja claro que el Ejecutivo actuó "ajustado a derecho" y ha recordado que las leyes impedían que "un barco, en esas condiciones estructurales y con esas condiciones meteorológicas -un fuerte temporal- pudiera entrar a puerto".

También ha dicho que las críticas por haber alejado el petrolero en lugar de acercarlo a un puerto eran ya entonces "una cuestión meramente política" y ha reiterado que el fallo constata que, entre todas las propuestas posibles, "nadie ha dicho con claridad dónde se tendría que haber metido aquel barco".

El Gobierno, ha añadido, debe ceñirse a la ley y poner "todos los medios al alcance para minimizar" los efectos, y eso lo hizo aquel equipo, por lo que "cualquier otro análisis solo genera una confrontación social y una manipulación de los sentimientos, que fue lo que sucedió en 2002".

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