El caso de las tarjetas black de Caja Madrid está generando una retahíla de dimisiones y podría generar una retahíla de fraudes tributarios con sus correspondientes sanciones.
La no declaración de ingresos a Hacienda tiene distintas penas según sea la cantidad defraudada. En España la ley establece que la ocultación de fondos solo supone delito fiscal a partir de 120.000 euros en un año. Por debajo de esta cifra el infractor estaría cometiendo fraude tributario.
En el caso de las tarjetas black es difícil que alguno de los directivos sea acusado de delito fiscal ya que las cantidades supuestamente defraudadas no llegan al mínimo impuesto para la comisión de este delito. Las cantidades que utilizaron los directivos de Caja Madrid oscilan entre los 1.100 y los 575.100 euros durante un total de 10 años.
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