Valencia, 21 may.- El miembro del consejo de dirección de la CAM Daniel Gil se ha negado a declarar en la comisión de investigación sobre la intervención de esta entidad por parte del Banco de España para evitar que sus manifestaciones le perjudiquen en el procedimiento judicial al que está sometido.
La negativa de Gil, que ha abierto hoy las comparecencias del equipo directivo de la CAM, ha generado las críticas de los grupos parlamentarios que han recordado que su imputación está relacionada con la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, que está relacionado con el objeto de la comisión.
Los parlamentarios han insistido en pedir a Gil que diera explicaciones como máximo responsable de la Tenedora de Inversiones y Participaciones (TIP), que generó a la caja unas pérdidas por inversiones inmobiliarias de 1.011 millones de euros.
El directivo se ha acogido al derecho a no declarar que recoge la Constitución Española para evitar que se "tergiversen" sus manifestaciones y se le genere "un perjuicio" en el procedimiento judicial que tiene abierto "como empleado de la CAM", donde ha explicado que trabajó durante 37 años.
Gil ha afirmado que cuando finalice el procedimiento judicial no tendrá ningún problema en volver a comparecer en la comisión para responder "todas y cada una" de las preguntas que se le quieran plantear.
El presidente de la comisión, Rafael Maluenda, ha dejado constancia de que el derecho a no declarar sólo es aplicable a los tribunales de justicia y ha indicado que en este sentido Les Corts se reservan "el derecho" de poner en conocimiento "de instancias superiores" la negativa de Gil.
El socialista Ángel Luna ha rechazado la "excusa" de la imputación judicial, porque Gil está "acusado de los delitos de información privilegiada y tráfico de influencias en relación con la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante", que no tiene "nada que ver" con el objeto de la comisión.
"Es usted el que está vinculando la caja con un procedimiento penal y está extendido la sombra de sospecha de ese procedimiento penal sobre el conjunto de actividades de la caja", le ha advertido el parlamentario socialista.
La diputada de Compromís Mireia Mollà ha rechazado que la comisión parlamentaria "quede sometida al calendario judicial de los que tengan que venir a declarar" y ha añadido que al no declarar el directivo da a entender que o bien pensaba "mentir" o que iba a "reconocer" que cometió delitos.
Desde Esquerra Unida (EU), Lluís Torró ha insistido en que la labor de los parlamentarios no es "juzgarlo sino a obtener información" y le ha pedido que explique aquellas cosas que no tiene que ver con el procedimiento judicial, como la indemnización de 1,2 millones de euros que se asignó como directivo de la CAM.
El diputado del PP David Serra ha expresado su "indignación por no poder conocer" por boca de Gil lo que sucedió en la CAM y ha advertido de que su grupo no va "a cejar" en su propósito de que "dé explicaciones" sobre su trabajo en esta entidad.
Durante la comparecencia de Gil una treintena de afectados de las cuotas participativas de la CAM se ha concentrado ante Les Corts para mostrar su rechazo a la gestión de los exdirectivos de la caja alicantina.
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