Echániz responsabiliza a los gobiernos socialistas de los "abusos" de ciudadanos extranjeros en la sanidad española

El secretario nacional de Sanidad y Asuntos Sociales del Partido Popular, José Ignacio Echániz, insistió hoy en destacar "los abusos" que se han producido en la utilización de la sanidad pública española por parte de ciudadanos extranjeros que, habiendo obtenido su tarjeta sanitaria europea en España, retornaron a su país y siendo atendidos allí se facturó la prestación a España, reiterando así la denuncia que el dirigente popular realizó en una entrevista concedida a Servimedia.
En la entrevista, Echániz aseguró que España está pagando la sanidad de los rumanos que han vuelto a su país, ya que estas personas cuando van al médico muestran la tarjeta sanitaria europea que pudieron sacarse gracias a que tenían la expedida en España. Después, el Gobierno rumano remite al español los gastos que generan sus compatriotas.
Echániz declaró a Servimedia que “en este momento estamos soportando la kafkiana situación de que rumanos que estuvieron trabajando en España en el ámbito de la construcción y que se volvieron a su país cuando se quedaron sin trabajo, utilizan la tarjeta europea que se sacaron gracias a la española que tenían y cuando utilizan los servicios médicos rumanos lo hacen utilizando esa tarjeta, en vez de la de su país. Luego Rumanía reenvía a España las facturas de sus compatriotas porque el asegurador de esa tarjeta europea es España. Esto es muy fuerte, pero está pasando”.
En una nota de prensa difundida por el PP, el dirigente popular explica que, en el año 2007, el Gobierno socialista tuvo la oportunidad de solventar esta situación, con la transposición de la directiva de derecho de libre circulación y residencia de los ciudadanos de la Unión. Sin embargo, añade, y “de forma negligente” se obvió el artículo que obliga a los ciudadanos comunitarios que quieran residir en España a contar con un sistema de seguro médico, público o privado, para no suponer una carga, como se les exige a los españoles en el extranjero. Se trata, por tanto, argumenta, de defender el principio básico de reciprocidad.
Asimismo, apunta que los españoles no han tenido derecho a la sanidad universal por ley hasta el pasado 1 de enero, por lo que, con anterioridad, tenía más derecho un extranjero que no hubiera regularizado su situación que un parado de larga duración. “En un contexto con 5,2 millones de parados, se trataba de una situación especialmente grave que había que solventar”, dice.
Echániz recalca los abusos que se han producido en la utilización de la sanidad pública española y explica que así lo demuestran los datos del último informe del Tribunal de Cuentas que indican que España ha dejado de facturar a otros países la asistencia médica y de farmacia a más de 700.000 ciudadanos de otros países en sólo un año (2009), con lo que se han “despilfarrado” casi 1.000 millones de euros. Es lo que denomina “turismo sanitario” al que se va a poner freno, dice, con un real decreto.
El secretario nacional de Sanidad y Asuntos Sociales del Partido Popular asegura que con la nueva normativa ningún ciudadano, sea español o inmigrante, se va a quedar sin asistencia sanitaria. Lo único que se restringe, apunta en la nota, es el derecho al aseguramiento público ilimitado. “Este aseguramiento será sólo para españoles o para extranjeros con residencia legal en España, atendiendo así al principio de reciprocidad”, afirma.
CONVENIOS CON COMUNIDADES Y ONG
Asegura también que la sanidad española atenderá otros problemas de salud a través de convenios de las comunidades autónomas con ONG o, por ejemplo, los convenios que mantiene el Plan Nacional del Sida con organizaciones para atender a población afectada por el VIH. “Se garantizará, de este modo, que no se produzca ningún problema de salud pública”, dice. Asimismo, se tratarán los casos de interés humanitario, con convenios similares a los que se utilizan, por ejemplo, para traer a España a niños enfermos de países en desarrollo para que sean tratados.
El responsable de Sanidad del PP advierte que los extranjeros en situación irregular no pueden tener derecho a la tarjeta ligada al aseguramiento público ilimitado, de lo contrario, argumenta, sucede que traen a familiares que no residen en España solo para operarse y, luego, regresan a su país. Además, señala que este sistema crea un efecto llamada indeseable.
En este sentido, Echániz explica que la ausencia de otros requisitos, más allá del empadronamiento, ha favorecido que los extranjeros, especialmente los comunitarios, dejaran de cumplimentar los trámites ante sus autoridades que sí son exigidos a los españoles cuando viajan al extranjero. Por tanto, se muestra convencido de que la norma de dar la tarjeta con el solo requisito de estar empadronado situaba a los españoles en inferioridad de condiciones.
Por este motivo, adelanta que a partir de ahora, además del padrón, se pedirá la residencia legal. “Los extranjeros", agrega, "que en este momento no cumplan los nuevos requisitos tendrán un plazo de más de tres meses para regularizar su situación y obtener la tarjeta de forma legal”.
Finalmente, el dirigente del PP destaca que los extranjeros que no tengan residencia en España, ya sea porque son turistas o porque residen en situación irregular, no quedarán desasistidos. Así, siempre estará garantizada la asistencia para menores de 18 años y todos los cuidados en el embarazo, parto y postparto, asegura. De igual modo, añade que recibirán asistencia sanitaria urgente, ya sea por enfermedad o por accidente. En los casos de turistas, si son comunitarios, se facturará la asistencia a su país a través de su tarjeta sanitaria europea. Si no la tienen o son extracomunitarios, se hará a través de sus seguros de viaje.