El 41,6 por ciento de las empresas sufre retrasos en los cobros de las administraciones

Pamplona.- El 41,6% de las empresas sufre retrasos en los cobros de las administraciones públicas navarras, según un estudio que constata que la morosidad se centra fundamentalmente en los ayuntamientos y dentro de éstos el mapa es desigual, ya que hay algunos "especialmente morosos".

Así se recoge en un estudio de la Cámara Navarra de Comercio e Industria que ha sido presentado hoy por su presidente, Javier Taberna, quien ha apuntado que "las administraciones públicas navarras pagan antes que las del resto del Estado, lo que no significa que no haya que mejorar".

Acompañado por los autores del estudio Teresa Nagore y Fernando San Miguel, el presidente de la Cámara ha comentado que la morosidad aumentó en 2008 y 2009, va a continuar en 2010 y previsiblemente seguirá en los mismos ratios en 2011.

Taberna ha destacado las diferencias que existen en cuanto a los pagos retrasados por las diferentes administraciones y así mientras los ayuntamientos retrasan prácticamente el 50% de sus pagos, los departamentos del Gobierno de Navarra efectúan el 48% de sus pagos antes del plazo previsto, que es el plazo máximo que prevé la ley.

El retraso medio se sitúa en torno a los 45 días pero en el caso de algunos ayuntamientos puede llegar a superar los 270 días de demora, según el estudio que recoge que la provisión de servicios presenta el número medio de día de retraso más alto.

El efecto dominó que conllevan estos retrasos ha sido subrayado por Taberna, quien ha recalcado que la mayoría de las empresas subcontratan sus servicios, más de un 30%, por lo que la morosidad se desplaza a lo largo de muchas empresas, lo que genera "una inquietud importante".

Este estudio coincide con la aprobación de la nueva Ley de Lucha contra la Morosidad, una norma que "mejora la situación anterior", ya que, entre otras cuestiones, reduce los plazos de pago a 30 días, algo que se irá haciendo de forma progresiva y que será efectivo en 2013.

Sin embargo, todavía se puede avanzar más, según Taberna, quien ha señalado que se pueden acortar los plazos y endurecer la norma con el moroso, con el incumplidor.

Al respecto esta institución ha pedido al Gobierno foral, competente para legislar en esta materia, que, ante un incumplimiento por parte de la administración, las empresas puedan compensar otro tipo de deudas que tenga con la administración, algo que en la actualidad sólo se puede hacer con las deudas fiscales.

Igualmente ha demandado que la recepción de la obra o servicio, cuyo plazo también debería reducirse, conlleve "un justificante y un certificado de que la deuda es vencida y líquida y con ese documento acreditativo se pueda negociar como descuento bancario o endosarlo a un acreedor".

La nueva ley, según ha explicado Nagore, incorpora un procedimiento de reclamación de deuda que incluye el silencio administrativo positivo, de forma que ante el impago el contratista realizará una reclamación por escrito, que si no es contestada en un mes, dará derecho a la interposición de un recurso contencioso-administrativo con posibilidad de solicitud de adopción, como medida cautelar, del pago de la deuda.

No obstante este procedimiento plantea dudas en cuanto a su efectividad, ya que "si no tiene dinero para pagar no va a pagar", ha recalcado Taberna.