El ajuste de empleo en la Administración resulta ser menor de lo que dice la EPA

El ajuste de empleo en las Administraciones Públicas está resultando mucho más espectacular en las estadísticas que en la realidad.

Mientras que la información que llega desde la Encuesta de Población Activa apunta a que cerca de 300.000 puestos de trabajo vinculados a la Administración se habrían destruído en los últimos dos años, el Registro Central de Personal del Ministerio de Hacienda, el inventario más preciso que existe del número de trabajadores a sueldo de las Administraciones Públicas (ya que se realiza a partir de los datos proporcionados por las mismas), rebaja esa cantidad a poco más de 100.000.

La comparación necesita de un matiz temporal. Mientras la encuesta del INE dispone de datos hasta el primer trimestre de 2013, el registro de Hacienda, cuyos últimos datos se acaban de publicar, no llega más que a julio de 2012.

Si ponemos en el mismo plano temporal ambos registros las conclusiones que se obtienen no varían mucho. Tras la EPA del segundo trimestre de 2012, el número de ocupados en el sector público se había reducido en 228.000 personas desde los niveles máximos alcanzados en 2010.

Según el Registro Central de Personal, sin embargo, la reducción de personal del sector público en ese periodo no habría sido más que de la mitad: de unos 116.000 empleados públicos.

A julio de 2012 (últimos datos disponibles), el número total de empleados al servicio de las Administraciones Públicas españolas era de 2.481.413, entre funcionarios, personal laboral y otro personal, y sin contabilizar el personal de las Universidades.

Esto implica una reducción de 49.656 puestos en el primer semestre del ejercicio. Una reducción que está condicionada también por el fin de la temporada escolar, que supone el fin de un puñado de miles de contratos que nuevamente se vuelven a realizar en septiembre y que reaparecen en la versión de diciembre del Registro.¿Qué ha ocurrido durante la crisis?

El dato es llamativo cuando se pone en perspectiva porque refleja que la plantilla total de las Administraciones Públicas a mes de julio de 2012 es prácticamente idéntica a la que había en enero de 2008, justo antes de que se desencadenara la crisis.

A principio de 2008 Hacienda tenía censados 2.484.997 trabajadores a sueldo del sector público (excluídas universidades); en julio de 2012 esa cifra era de 2.481.413, apenas 3.500 menos.

En julio de 2010, cuando España ya había pasado una recesión y la era de los ajustes de la troika acaba de comenzar, la plantilla de la Administración estaba compuesta por casi 2,6 millones de trabajadores, 115.000 más que cuando la crisis comenzó a asomar sus garras.Dificultades para ajustar plantillas

El ajuste de personal del sector público está aún, en buena medida, por llegar.

El Registro Central de Personal del Ministerio de Hacienda demuestra que, hasta el momento, los esfuerzos se han repartido de manera muy desequilibrada entre las distintas Administraciones Públicas e incluso también dentro de los mismos niveles administrativos.

De los 116.000 empleos públicos ajustados de 2010 a esta parte casi el 80% se han eliminado en la Administración Local, mientras que en Estado y comunidades autónomas las reducciones de personal han sido testimoniales. Siempre con datos hasta julio de 2012, claro.

La Administración Local, que tenía allá por 2010 una plantilla de 647.212 empleados, la ha reducido a poco más de 567.000. Los ayuntamientos han despedido o no renovado al 14% de los trabajadores que tenian entonces, mientras las diputaciones se han dejado al 10% de su personal por el camino.

El dato contrasta poderosamente con lo que han hecho, o lo que han dejado de hacer, las comunidades autónomas, pero también el Estado.

Las autonomías tenían a julio del año pasado 32.000 empleados más que cuando se desencadenó la crisis y la cifra no es más abultada porque en el primer semestre de 2012 redujeron sus plantillas en más de 17.000 personas, principalmente personal docente y médico.

De hecho, apenas un 10% de ese ajuste corresponde a una reducción del tamaño de la Administración autonómica, entendida como la estructura de consejerías y organismos autónomos.

El Estado tampoco está para dar lecciones. Desde enero de 2010 su personal apenas se ha reducido en 8.000 personas (3,4%) y sólo se puede decir que haya existido un recorte digno de tal nombre en las empresas públicas estatales, que han pasado de tener cerca de 60.000 trabajadores a poco más de 45.000. Entre enero y julio de 2012, el personal en empresas públicas apenas se redujo en 450.