Madrid, 3 dic.- El BBVA recurrirá ante la Corte Suprema un fallo que le obliga a indemnizar al Estado chileno por los perjuicios sufridos hace unos años por la estatal Corporación de Fomento (Corfo) al considerar que no es responsable de esos daños, según ha informado hoy la entidad.
A finales de los años 1990, ejecutivos del grupo financiero Inverlink se coordinaron con el entonces jefe de Tesorería de la Corfo, Javier Moya, para realizar maniobras engañosas destinadas a eludir prohibiciones de ventas de papeles de la entidad estatal, "con el apoyo de entidades bancarias".
El caso salió a la luz en febrero de 2003, cuando el entonces presidente del Banco Central, Carlos Massad, descubrió que su secretaria, Pamela Andrada, había estado filtrando información privilegiada a Inverlink.
El descubrimiento provocó que quienes tenían inversiones en Inverlink retiraran masivamente sus fondos, por lo cual los ejecutivos sustrajeron 85.000 millones de pesos (unos 106 millones de dólares al cambio de entonces) para enfrentar la situación.
La repercusión le costó el puesto al vicepresidente ejecutivo de la Corfo, Gonzalo Rivas, yerno del entonces presidente Ricardo Lagos, pero también salpicó al BBVA, al verse implicados en el escándalo algunos de los empleados de BBVA Corredores de Bolsa.
Y aunque en primera instancia, la entidad española quedó absuelta, hoy la Corte de Apelaciones de Santiago revocó ese fallo y condenó a penas de prisión a ocho ejecutivos acusados de infringir la ley que regula el mercado de valores defraudando a la Corfo por una suma millonaria.
Pese a las acciones judiciales iniciadas, la Corfo no pudo recuperar los instrumentos negociados ilícitamente, cuyo monto exacto no ha llegado a conocerse, aunque en 2003 se indicó que unos 126 millones de dólares provenientes del fraude habían sido sacados del país.
La Corte condenó a 800 días de prisión, remitidos a una firma periódica en el tribunal, a Javier Moya Cucurella, y a 541 días de cárcel a Eduardo Monasterio Lara, presidente de Inverlink.
La misma pena recibieron otros seis implicados, Eduardo Tapia Donoso, Luis Hernández Palma, Lawrence Fletcher Vera, Juan Prieto Viviani, Gino Tirapegui Palomino y Frank Leigthon Castellón.
En la parte civil, se acogió una demanda presentada por la Corfo y se determinó que los condenados deben pagar solidariamente 26.462 millones de pesos (unos 44 millones de dólares) por concepto de daño emergente.
El fallo señala que BBVA Corredores de Bolsa debe pagar parte de la indemnización, pues los dos últimos nombrados eran empleados suyos, pero en un comunicado emitido este mismo miércoles, el banco afirmó que no es responsable de los perjuicios sufridos por la Corfo y que por ello presentará los recursos judiciales que correspondan.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios