El BOE publica la ley de ordenación, supervisión y solvencia de la banca

Madrid, 27 jun.- El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica hoy la ley de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades de crédito, que fue aprobada ayer definitivamente en el Congreso, y que entrará en vigor mañana.

La norma que publica hoy el BOE prevé reforzar el nivel de exigencia hacia el sector financiero en materia de regulación prudencial, e incluye los acuerdos internacionales adoptados en materia de solvencia conocida como Basilea III, que se trasladan mediante un reglamento y una directiva a la normativa española.

En concreto, el proyecto de ley se divide en tres bloques y el primero de ellos aborda el régimen jurídico de las entidades en el que se incluyen los requisitos de autorización, idoneidad, honorabilidad y gobierno corporativo.

El segundo se dedica a la supervisión prudencial y solvencia de las entidades de crédito, así como el régimen sancionador, mientras que el último modifica la Ley de Mercados de Valores para adaptarla a la norma europea.

Así, se adecúa el régimen de las preferentes, se adapta la regulación de los conglomerados financieros y se modifica la composición de la Comisión Gestora del Fondo de Garantía.

En materia de gobierno corporativo y remuneraciones, impone límites al número de consejos en los que puede participar una misma persona (dos si cuenta con funciones ejecutivas y hasta cuatro si no las tiene).

Además, se prohíbe que una misma persona pueda ocupar el cargo de presidente del consejo y de consejero delegado, salvo autorización excepcional del Banco de España.

La norma también limita el sueldo variable y obliga a las entidades a que tengan un comité de remuneraciones y un comité de nombramientos ponderando dicha obligación por el tamaño, la naturaleza y el alcance o complejidad de sus actividades.

Todas las entidades deberán publicar las retribuciones totales percibidas anualmente por todos los miembros de su consejo.

En cuanto a la solvencia, la novedad son los colchones de capital que los supervisores pueden exigir por encima de los requisitos mínimos europeos y que obligarán a las entidades a atesorar más capital.