El complemento especial de altos cargos sobrevive tras cuatro años de ajustes

Se la conoce como mochila, quizá porque es algo que ya siempre llevarás contigo como una especie de recuerdo o gratificación por haber pasado una temporada como alto cargo de la Administración.

Su nombre formal, sin embargo, es complemento retributivo de altos cargos y fue aprobado en los Presupuestos del Estado de 1991 como una fórmula para compensar a los funcionarios designados como altos cargos por las incomodidades para su carrera que les suponía su sujección a la ley de incompatibilidades que regía para todos los miembros del Gobierno.

Para ello, se creó un peculiar mecanismo salarial que garantizaba a los funcionarios que hubieran tenido un cargo de director general para arriba en la Administración la percepción vitalicia del complemento de destino que se paga a los directores generales una vez que regresaran a su puesto en la Administración, fuera cual fuera su nivel.

De este modo, por ejemplo, un funcionario de un cuerpo superior (nivel 28) que haya sido alto cargo percibirá este año 2013 un complemento de destino de 986,7 euros mensuales, en lugar de los 832,40 que le corresponderían según la tabla salarial aprobada en los Presupuestos del Estado por su nivel.

Es decir, que en cómputo anual estaríamos hablando de un plus superior a los 2.000 euros. Cuánto más alto sea el nivel profesional del funcionario, más elevado será el complemento de destinto que le corresponde por su puesto y, por tanto, menos importante su mochila; por la misma regla, cuanto menor sea su nivel profesional, mayor será el beneficio obtenido por la mochila.

El asunto es algo más enrevesado en las comunidades autónomas, que, por supuesto, no tardaron mucho en encajar ese beneficio salarial de los funcionarios del Estado en sus propios ordenamientos legales.

Éstas han legislado con cierta libertad en este área y, en muchos casos, no limitan el complemento salarial al complemento correspondiente a los directores generales, si no que lo acompasan al correspondiente al cargo que se haya ocupado, lo que lo hace aún más atractivo.

Miles de beneficiarios

El Ministerio de Hacienda no proporciona datos ni sobre cuántos funcionarios pueden estar percibiendo este complemento, ni sobre el coste que tiene para las arcas públicas el pago del mismo.

Y hacer cualquier estimación externa es un ejercicio de alto riesgo. En primer lugar, porque cuando se aprobó el mecanismo, en los Presupuestos de 1991, se extendió a todos los funcionarios que hubieran pasado por un alto cargo de la Administración desde el 5 de julio de 1977, antes incluso de la aprobación de la Constitución Española.

Baste recordar que el actual Gobierno cuenta con 455 altos cargos, la mayoría de ellos funcionarios de carrera, para saber que podríamos estar hablando de varios miles de beneficiarios.

En segundo lugar, y esto es importante, porque para beneficiarse de esta mochila, el ex alto cargo en cuestión debe solicitar su cobro, es decir, no es algo que se aplique de oficio sino que se debe pedir. Cabe la posibilidad, tal vez remota, de que haya funcionarios que hayan renunciado al cobro de este complemento.

Y, finalmente, porque el Estatuto Básico del Empleado Público aprobado en 2007 decidió extender este beneficio a los funcionarios que fueran cesados de puestos que tengan la consideración de servicios especiales: personal eventual, asesores ministeriales, autonómicos o locales, concejales, directivos de empresas municipales...

De momento, sólo cae en las autonomías

Sea como fuere, el caso es que entre la multitud de iniciativas que han adoptado los dos últimos gobiernos para tratar de reducir los gastos de la Administración en general y los gastos de personal, en particular, las autoridades todavía no se han animado a acabar con este complemento salarial, cuya eliminación es, sin embargo, una de las cuestiones recurrentes que han planteado los sindicatos de Función Pública para evitar la adoptación de otras medidas más drásticas... sin éxito.

Hasta ahora, han sido las comunidades autónomas las que han actuado de una forma más decidida a ese respecto.

El Ejecutivo de María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha asegura haberse ahorrado entre 500.000 y un millón de euros con la eliminación de ese complemento que venían cobrando 84 ex altos cargos de los ejecutivos socialistas de José Bono y José María Barreda.

La mochila es también historia en el Principado de Asturias. Allí había 68 funcionarios que percibían un complemento retributivo medio de 481 euros mensuales y que desde el pasado 1 de enero ya no lo cobran, con un ahorro estimado para las arcas asturianas de 400.000 euros.

El tercer caso es el de Extremadura. El Gobierno de José Antonio Monago ha eliminado el complemento para los potenciales beneficiarios futuros, es decir, los altos cargos de su propio Ejecutivo; y únicamente ha reducido su cuantía para los que ya lo venían cobrando, aconsejado por el Consejo Consultivo extremeño que había advertido de que se trataba de derechos adquiridos no rebatibles.

De hecho, los actuales beneficiarios se plantean recurrir la decisión del Ejecutivo extremeño para que les restituyan la totalidad del complemento.

El debate jurídico está también sobre la mesa en Castilla-La Mancha, donde 72 de los 84 ex altos cargos afectados han recurrido la decisión de la Junta al considerar que atenta contra el principio de igualdad que debe regir en las retribuciones de los funcionarios de toda España.

En otras comunidades autónomas han surgido movimientos desde la sociedad civil exigiendo la supresión de lo que entienden como un privilegio para funcionarios cercanos a los partidos políticos.

En Baleares, varios sindicatos han abierto una cuenta en Change.org exigiendo la supresión del complemento retributivo para altos cargos, que ha recabado ya cerca de 2.000 firmas.

En Galicia, el sindicato CIG promovió una iniciativa legislativa popular con el respaldo de 19.000 firmas con el mismo propósito que fue rechazada tras ser llevada al Parlamento tanto por PP como por PSOE.