El consejo de la juventud dice que su "cierre" se debe a "cuestiones políticas"

El Consejo de la Juventud de España (CJE) entiende que la decisión del Gobierno de transferir parte de sus funciones al Instituto de la Juventud (Injuve) supone el cierre de este organismo independiente, tras treinta años de existencia, y que la decisión está motivada por "cuestiones políticas".
Así lo manifestó el CJE en un comunicado en el que manifiesta "su rotundo rechazo" ante la decisión adoptada por el Ejecutivo, por considerar que supone la "la supresión definitiva” de este organismo y dice que si el Parlamento aprueba finalmente el proyecto del Gobierno sería “un grave error que dejaría sin representación al colectivo joven, tanto en nuestro país como en la instituciones europeas e internacionales”.
Es más, según el documento, el CJE considera que esta medida del Ejecutivo de Rajoy responde “a cuestiones políticas y no económicas” ni “a criterios de ahorro y eficiencia administrativa", ya que entiende que pretende eliminar un organismo incómodo que ha criticado ciertas medidas del Gobierno, como la reforma laboral y la modificación de la Ley del Aborto.
El Consejo de Ministros justificó la decisión en la necesidad de reordenar la Administración y “asegurar la estabilidad presupuestaria y la eficiencia del sector público”, y así evitar duplicidad de funciones, algo que desde el CJE se tachó como “una afirmación totalmente inexacta”.
“El Injuve representa la política de juventud del Gobierno y el CJE a las personas jóvenes a través de sus organizaciones juveniles. Es decir, el Injuve es un órgano gubernamental encargado de prestar servicios a la juventud cuyo director es nombrado por el Ministerio, mientras que el CJE es una plataforma independiente formada por organizaciones juveniles y que representa a la juventud asociada, cuya presidencia y comisión permanente son elegidas por las entidades miembro democráticamente en asamblea”, agregaba el comunicado.
El CJE también contradijo que este organismo tuviese un alto coste para las arcas del Estado, ya que su presupuesto “tan sólo supone el 0,08% en la estructura del Ministerio” de Ana Mato.
Finalmente, de producirse su cierre, el organismo alertó en su manifiesto que “las personas jóvenes se quedarán así sin la voz que durante tres décadas ha defendido sus derechos e intereses frente a la Administración”.