Las empresas españolas que sitúen China como objetivo de su estrategia de expansión comercial pueden estar seguras de una cosa: no les va a faltar asesoramiento desde el sector público. Allí encontrarán el respaldo logístico y asesor de cuatro oficinas comerciales del Estado, tres centros de negocio del ICEX, las cámaras de comercio, una oficina de Turespaña, el poso cultural del Instituto Cervantes, por supuesto, el apoyo diplomático de la Embajada de España y, por si todo este despliegue fuera poco, hasta una veintena de delegaciones de las comunidades autónomas.
Se podría hacer la broma de que hay más funcionarios españoles que empresarios en el país.
El problema de esa amplísima red autónomica es que duplica las funciones que ya efectúa la tupida red diplomática, comercial y cultural de España en el país.
No sólo ocurre en China. Las autonomías disponen de trece oficinas en Estados Unidos y once en Francia.
El despliegue diplomático autonómico en algunos países era tan relevante que desde el Gobierno se admite que la integración en las dependencias estatales ha acabado generando algún que otro problema de espacio.
Tan es así, que el Ejecutivo admite que en las condiciones actuales la infraestructura diplomática del Estado no alcanzaría para integrar a la totalidad de las embajadas autonómicas en el exterior. Hay en torno a un 20% que no podrían ser absorbidas a corto y medio plazo.
Se necesitaría para ello un plan de inversiones que o bien ampliara las dependencias actuales o supusiera el traslado a nuevas sedes más amplias y con los servicios necesarios.
El problema no es sólo de espacio, sino también legal. Cuando uno alquila un edificio éste puede ser ocupado por un número máximo de personas, superarlo supone incumplir el contrato y en función de la legislación del país puede constituir hasta una ilegalidad.
No es el único problema con el que se está encontrando la estrategia de integración de los organismos autonómicos de acción exterior del Gobierno. La resolución de los contratos de alquiler firmados por las autonomías también está retrasando el proceso.
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