Lisboa, 17 dic.- El caso de los "swap", un escándalo surgido en Portugal en relación con la firma de derivados financieros por parte de varias empresas públicas, será enviado a la Fiscalía General del Estado para depurar responsabilidades.
Así se apunta en un informe divulgado hoy que recopila los datos recogidos por la comisión parlamentaria de investigación que analizó al detalle lo ocurrido, y en el que se censura la actuación de los gestores de las compañías estatales por contratar productos de alto riesgo durante la década pasada.
Con unas pérdidas para las arcas públicas que se calculan en cerca de 3.000 millones de euros, el escándalo se ha convertido en protagonista de la discusión política en Portugal, ya que el Gobierno conservador responsabiliza a sus antecesores en el cargo, socialistas.
Sin embargo, también ha provocado la dimisión de tres secretarios de Estado del actual Ejecutivo debido a su pasado como gestores en algunas de las compañías públicas afectadas.
Las acusaciones se extendieron incluso a la hoy ministra de Finanzas, Maria Luís Albuquerque, quien era directiva de la empresa que controla la red ferroviaria lusa (Refer) en el momento en que ésta decidió firmar varios contratos de gestión de riesgo financiero (más conocidos como "swap").
El debate del caso en el Parlamento se prolongó durante meses e incluyó más de cuarenta declaraciones de personas implicadas.
El informe publicado hoy -redactado por una diputada del gobernante Partido Social Demócrata- considera que en la contratación de estos productos existían "otras motivaciones" además de la pura gestión del riesgo.
Resolver "dificultades para acceder a financiación", "bajar artificialmente los encargos financieros para ocultar el verdadero coste" de algunas operaciones y "obtener beneficios inmediatos a costa de asumir elevados riesgos en el futuro" son algunas de las razones apuntadas en el texto.
También deja duras críticas a las entidades bancarias, ya que algunas de ellas "condicionaron la concesión de financiación -créditos y préstamos- a la contratación de operaciones de derivados".
El Gobierno luso ya ha renegociado los contratos con varios bancos implicados para limitar las pérdidas, y sólo no ha llegado a un acuerdo con uno de ellos, el Santander Totta, un conflicto que se encuentra incluso a los tribunales.
Los llamados contratos "swap" son utilizados habitualmente para proteger a la firma que ha solicitado un crédito a un tipo de interés variable de una posible subida del Euribor.
En la práctica, permiten sustituir ese tipo variable por una penalización fija en caso de que el Euribor suba por encima de una determinada tasa, lo que permite a la compañía saber con mayor exactitud sus costes de financiación y en ocasiones ahorrar dinero.
Este producto, considerado especulativo por algunos analistas y expertos, puede generar elevadas pérdidas si la premisa inicial se incumple, es decir, si el Euribor baja en vez de aumentar, como así ocurrió.
Algunas de las empresas públicas lusas que apostaron por esta clase de operaciones suscribieron contratos complejos en los que la penalización dependía de la evolución del precio del petróleo o la cotización del dólar, lo que disparó su perjuicio económico.
Pese al carácter eminentemente técnico del caso de los "swap", la grave crisis económica que atraviesa Portugal -bajo la asistencia financiera de la UE y el Fondo Monetario Internacional desde 2011- ha elevado lo ocurrido a la categoría de escándalo nacional.
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