El exdirector de caja castilla-la mancha reconoce que no supieron medir la magnitud de los problemas de la entidad

El ex director general de Caja Castilla-La Mancha Idelfonso Ortega reconoció hoy en su declaración como imputado ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz que los responsables de la entidad no supieron medir la magnitud de los problemas que arrastraba la entidad, que tuvo que ser intervenida en marzo de 2009.
Ortega explicó que, ahora, con la perspectiva que da el tiempo, es cuando se ha dado cuenta de que no supieron medir bien el alcance de los problemas, según explicaron fuentes jurídicas. Ruz le imputa delitos de administración desleal, estafa, falsedad documental y falsedad en documento mercantil por su gestión al frente de la caja castellano-manchega.
El ex director general de Caja Castilla-La Mancha llegó a asegurar que los problemas de la entidad hubiesen tenido en la actualidad un desenlace distinto y explicó en este sentido que la Sareb, el denominado ‘banco malo’, de haber existido en el año 2009, hubiese podido absorber los activos tóxicos de su entidad.
La declaración, que duró menos de una hora, versó en gran medida sobre la operativa puesta en marcha por Caja Castilla-La Mancha para realizar un seguimiento de las recomendaciones realizadas por el Banco de España antes de la intervención de la entidad. Ortega, según las fuentes consultadas, detalló las personas que se encargaban de esta comunicación con el supervisor.
“OPERACIONES SINGULARES”
Ruz admitió a trámite en diciembre de 2010 la denuncia presentada por seis consejeros de Caja Castilla-La Mancha y decidió investigar a los antiguos responsables de la entidad, que fue intervenida el 29 de marzo de 2009 por el Gobierno tras una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros.
El juez concluyó al admitir a trámite la demanda que los 7.100 millones de euros que la entidad necesitó para ser rescatada demuestran “de forma palmaria la enorme magnitud y trascendencia de los hechos denunciados para la economía nacional y la seguridad mercantil”. Ortega y el que fuera presidente de la caja, Juan Pedro Hernández Moltó, fueron destituidos de sus cargos por el Banco de España tras la intervención de la entidad.
Además de Ortega y Moltó, en la causa están imputados siete miembros de la antigua Comisión Ejecutiva de Caja Castilla-La Mancha por haber dado su aprobación a “una serie de operaciones singulares” desarrolladas por los antiguos responsables de la entidad.