El fiscal pide dos años y cuatro meses de cárcel para díaz ferrán por las irregularidades en aerolíneas argentinas

La Fiscalía ha solicitado a la Audiencia Nacional que condene al expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán y a su socio Gonzalo Pascual a sendas penas de dos años y cuatro meses de prisión al acusarles de un delito contra la Hacienda Pública por las irregularidades en torno a la operación de compra de Aerolíneas Argentinas en el año 2002.
El escrito del Ministerio Público, firmado por el fiscal de la Audiencia Nacional Miguel Ángel Carballo, se dirige, asimismo, contra Antonio Mata Ramayo, exconsejero delegado de Air Comet y expresidente de Aerolíneas Argentinas, para quien también se solicita dos años y cuatro meses de cárcel por el mismo delito.
El escrito sirve, además, para solicitar la apertura de juicio oral contra Díaz Ferrán, Pascual y Mata Ramayo ante el Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional.
El fiscal Carballo pide que se les condene también a indemnizar solidariamente a la Hacienda Pública con 99.049.520 euros por el presunto impago del Impuesto de Sociedades en el año 2002 en el marco de la operación de compra de Aerolíneas Argentinas por parte de Air Comet.
Se da la circunstancia de que esta misma semana tanto Díaz Ferrán como Pascual han declarado como imputados ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz por la presunta apropiación indebida de 4,4 millones de euros del Grupo Marsans.
COMPRA DE LA AEROLÍNEA
Los hechos se remontan a noviembre de 2000, cuando la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) compró el 99,2 por ciento de las acciones de Interinvest, sociedad que a su vez era propietaria del 92,1 por ciento del capital de Aerolíneas Argentinas, la compañía de bandera del país sudamericano, que en aquel momento arrastraba pérdidas.
El escrito de la Fiscalía destaca que el 2 de noviembre de 2001 la SEPI vendió a sus acciones en Interinvest a Air Comet por el precio de un dólar estadounidense. Este contrato fue firmado por Ignacio Ruiz-Jarabo, presidente de la SEPI, y Díaz Ferrán, Mata Ramayo y Pascual en nombre de Air Comet y las sociedades Segetur, Transporte de Cercanías y Autobuses Urbanos del Sur.
El contrato estipulaba que la SEPI asumía los pasivos de 300 millones de dólares contraídos por Aerolíneas Argentinas y la compañía de vuelos domésticos Austral. La sociedad estatal aportó dicha cantidad en una cuenta de la sociedad Interinvest para el pago de las deudas.
Según el fiscal Carballo, los tres acusados pagaron con este dinero deudas por valor de 272,87 millones de dólares, unos créditos que quedaron cedidos a Air Comet con el compromiso de aportarlos posteriormente al capital social de Aerolíneas Argentinas. Esta operación hizo que el dinero aportado por la SEPI a la compañía española se considerara beneficio, por el que, según el Ministerio Público, Díaz Ferrán y sus socios debían de haber declarado una cuota de 99,04 millones de euros de Impuesto de Sociedades, algo que no hicieron.
El representante de la Fiscalía de la Audiencia Nacional solicita, además de la pena de prisión y de la indemnización, que se imponga a los acusados la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante un periodo de cinco años.