El gasto en Justicia aumenta en 160 millones, pero no gana peso en los Presupuestos Generales del Estado

Madrid.- El gasto en Justicia previsto para 2010 se incrementa en 160 millones de euros -hasta los 1.818,8 millones- respecto al aprobado para el año en curso, pero no gana peso en el total de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), manteniéndose en el 0,5 por ciento.

Así, las políticas de Justicia reciben un menor porcentaje de los PGE que el resto de los llamados "servicios públicos básicos", por detrás de Seguridad Ciudadana -2,5 por ciento-, Defensa (2,1) y Política exterior (1), si bien debe tenerse en cuenta que once comunidades autónomas tienen competencias en Justicia, mientras que las otras tres materias dependen sólo del Estado.

Según el proyecto de PGE presentado hoy -que asigna 78,11 millones de euros al Consejo General del Poder Judicial-, el Ministerio que dirige Francisco Caamaño contará con una dotación de 1.740,69 millones de euros para políticas de Justicia, a los que hay que añadir 64,1 millones más correspondientes a otras políticas de gasto en las que participa este departamento.

Eso arroja un presupuesto total de 1.804,82 millones de euros, lo que según el proyecto de PGE supone 218,5 millones más que en el ejercicio actual, un incremento del 13,77 por ciento que se destinará prácticamente de forma íntegra a financiar la modernización del sistema de Justicia en el primero de los tres años de vigencia del Plan de Modernización recientemente aprobado.

Los objetivos que se ha marcado el Ejecutivo son mejorar la calidad de la Justicia buscando fórmulas que contribuyan a reducir el número de litigios, incorporar plenamente las nuevas tecnologías, actualizar la legislación penal para dar respuesta a las nuevas necesidades de protección de la libertad y seguridad de los ciudadanos y profundizar en la cooperación internacional.

Algunas de las medidas concretas que se anuncian en el proyecto de Presupuestos son la aprobación de una nueva Ley de Demarcación y Planta Judicial que supondrá una redistribución de los Juzgados por el territorio nacional, la creación de 150 nuevas plazas de jueces y cien de fiscales y la instauración de la figura del "juez de adscripción territorial" para cubrir sustituciones y suplencias.

También se detalla que a la incorporación de las nuevas tecnologías de información y comunicación a la Administración de Justicia se destinarán 101,38 millones de euros -lo que casi triplica la cantidad dedicada a este objetivo en 2009-, mientras que otros 45,71 millones irán a la reforma del Registro Civil, de forma que sea accesible por internet para todos los ciudadanos.

Las infraestructuras se llevarán 64,54 millones de euros, que se destinarán a la construcción de 30 nuevas sedes judiciales y a la rehabilitación de otras 13.

Por último, al sistema de justicia gratuita se dedican 34,9 millones de euros, que servirán para asegurar el acceso a la tutela judicial efectiva a las personas que carecen de recursos económicos.