La ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha presentado este viernes ante el Consejo de Ministros el informe de evaluación de la reforma laboral aprobada en febrero de 2012.
Normalmente, los informes de evaluación buscan detectar las posibles debilidades de un proyecto, analizarlas y corregirlas, pero la presentación de la ministra de Empleo se ha centrado básicamente en glosar los beneficios que la reforma ha tenido para el mercado de trabajo.
Hubo que esperar al turno de preguntas para conocer que sí, que efectivamente la OCDE (organismo independiente que ha realizado la evaluación) ha propuesto algunas modificaciones "de carácter menor", según la ministra, en la normativa laboral, que el Gobierno realizará próximamente.
Báñez no precisó a qué aspectos afectarán estas modificaciones y centró su intervención en el argumentario que ha venido repitiendo en los últimos meses: la reforma ha permitido detener la destrucción de empleo, ha mejorado las posibilidades de crear puestos de trabajo y ha aumentado la flexibilidad del mercado de trabajo.
Según sus datos ha impedido destruir 225.000 puestos de trabajo y, además, ha permitido que la economía pueda llegar a generar empleo con un crecimiento del 1% del PIB, cuando el paradigma anterior era que España no podía crear puestos de trabajo si no crecía más del 2%.
Más aún, según el Ejecutivo la reforma ha incrementado los acuerdos entre empresas y trabajadores para que los ERE se resuelvan con suspensiones temporales de empleo o reducción de jornada y no con el despido de los trabajadores, se ha impulsado el uso de figuras contractuales muy utilizadas en Europa pero con poco desarrollo en España como el contrato fijo a tiempo parcial.Ayuda de las ETT para buscar un empleo a los parados
Empleo ha aprovechado también este último Consejo de Ministros para aprobar el Convenio Marco de colaboración público-privada en materia de políticas de empleo o, de otro modo, la normativa que permitirá a los servicios de empleo de las comunidades autónomas subcontratar a ETTs la colocación de parados, particularmente aquellas con especiales dificultades de inserción.
El convenio marco establece una serie de normas comunes que deberán seguir las comunidades autónomas a la hora de seleccionar a una agencia de colocación.
Por ejemplo, que se pague a las agencias de colocación en función de los parados recolocados en el mercado laboral, con primas adicionales cuando el periodo de esa contratación supere los seis meses.
El Gobierno también ha aprobado una revisión de la normativa referente a las prestaciones por desempleo, según la ministra, "para incrementar la seguridad jurídica".
¿Qué cuestiones se han modificado?
También para aprobar el nuevo sistema de cotización de los empleados a tiempo parcial, que sustituye al anterior que había sido considerado ilegal por el Tribunal Supremo.
La nueva regla de cómputo corrije los aspectos declarados ilegales por el Supremo: la desproporción entre el periodo de cotización que se pedía a los empleados a tiempo parcial respecto a los trabajadores a tiempo completo y la equiparación del sistema de contributividad.
A partir de ahora, para que un trabajador a tiempo parcial cobre una pension no necesitará acumular un número de horas equivalente a haber trabajado quince años a tiempo completo, sino que se introducirá un coeficiente corrector que permitirá acceder a ese derecho mucho antes.
El tiempo preciso para generar el derecho dependerá de la extensión de la jornada del trabajador en cuestión, pero, según ha revelado la ministra de Empleo, las nuevas condiciones habrían anulado entre el 30 y el 40% de las peticiones de pensión rechazadas con el anterior marco legal.Un centenar de medidas
Los ministros han querido irse de vacaciones dejando todos los asuntos pendientes encauzados. Así, la vicepresidenta del Gobierno reveló que se aprobaron un centenar de asuntos en este último Consejo de Ministros antes del parón de agosto, que siempre tiene un cierto carácter de consejo-escoba.
Entre ellos, el Consejo de Ministros aprobó el controvertido proyecto de Ley de Colegios y Servicios Profesionales.
También una modificación legal que, según avanzó la vicepresidenta, facilitará la financiación al sector de los astilleros.
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