(esta noticia sustituye a la distribuida hoy con el titular: "el gobierno cifra en 291 las daciones en pago en el primer trimestre de 2013")el gobierno cifra en 291 las daciones en pago en el primer año del código de buenas prácticas

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, afirmó este viernes que hasta este primer trimestre de 2013 se han realizado un total de 291 daciones en pago en aplicación del Código de Buenas Prácticas de la banca.
Hasta el cierre del mes de marzo, desde la puesta en marcha el 9 de marzo de 2012 del Código de buenas prácticas, se han producido 601 restructuraciones viables de créditos hipotecarios, sobre un volumen de soluciones tramitadas de 1.134 de las que 236 han sido desestimadas.
Así lo apuntó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros cuando fue preguntada por la misiva de la Comisión Europa al ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, sobre el decreto andaluz de desahucios.
Según datos facilitados a Servimedia, se intentaron acoger a este código 4.385 solicitudes, de las que 2.174 fueron denegadas por no cumplir alguno de los requisitos del RDL 6/2012.
Sáenz de Santamaría confirmó que el ministro informó en la Comisión Delegada de Asuntos Económicos de este jueves de la carta de la Comisión reclamando una “ampliación de la información” sobre esta medida del Ejecutivo andaluz, en relación a los acuerdos que España mantiene con la institución europea para la ayuda financiera.
Ante las dudas planteadas desde el Gobierno andaluz de la existencia de la petición europea, la también portavoz del Ejecutivo declaró que los dirigentes políticos deben ser “muy prudentes” y no decir cosas que “cuando te pueden demostrar que existen con un correo electrónico, uno puede quedar muy entredicho”.
Por otra parte, Sáenz de Santamaría recordó que la asistencia financiera a las entidades “obliga a cumplir unos compromisos” y en esta línea está la duda planteada por la medida andaluza. A este respecto, indicó que otras comunidades autónomas han optado por “otros mecanismos diferentes” sin estar cuestionados por la Comisión Europea y, al parecer, "más sencillos e incluso, más efectivos". Y puso como ejemplo la decisión del Ejecutivo de Castilla-La Mancha de ampliar el número de viviendas en alquiler y rebajar los precios.
La vicepresidenta pidió "lealtad institucional" a las comunidades y un trabajo conjunto para frenar el problema de los desahucios con medidas que sean equilibradas" y ayuden a frenar los desahucios, ha dicho la vicepresidenta, que ha criticado que aquellas como las de Andalucía, "solapan otras generales, son de difícil implementación, de presupuesto no claro y con problemas de ejecución, además de estar cuestionadas por la UE".