Madrid, 28 feb.- El Gobierno ha comenzado ya el estudio de los 55.000 bienes inmuebles de los que dispone la Administración General del Estado para optimizar su uso y aplicar políticas de ahorro, aunque en principio, según han apuntado a Efe fuentes del Ejecutivo, descarta poner ninguno en venta.
De los 55.000 bienes que el Inventario General de Bienes Inmuebles atribuye al Estado, la mayoría, cerca de 35.000, son fincas rústicas y el Ejecutivo quiere establecer con claridad a qué ministerios están adscritas.
El número de edificios dentro de esa cifra global es de casi 14.200, a los que se suman 350 inmuebles en el extranjero (la mayoría embajadas) y 4.000 solares.
La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, destacó ayer la paradoja que supone tener estas posesiones y, al mismo tiempo, gastar cien millones de euros en alquileres.
Ése es el coste de los 1.100 edificios que la Administración General del Estado tiene arrendados, según las mismas fuentes.
El Gobierno se ha puesto ya manos a la obra para determinar la adscripción ministerial de cada bien inmueble, si están en uso total o parcialmente y la posibilidad de optimizar esos recursos.
Habrá que analizar por ejemplo, según las fuentes, si diferentes departamentos ministeriales pueden compartir dependencias, el coste de rehabilitar y acondicionar los edificios desocupados y el gasto que supone mantenerlos sin hacer uso de ellos.
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