Madrid, 20 jun.- La reforma del modelo retributivo del régimen especial (renovables, cogeneración y residuos) ha quedado hoy completamente aprobada con la publicación en el BOE de la orden ministerial en la que se definen los parámetros de inversión sobre los que se aplicará la "rentabilidad razonable".
Con esta normativa, que sustituye el sistema de primas a la producción por una rentabilidad razonable a lo largo de la vida útil de la planta, el Gobierno prevé ahorrar unos 1.700 millones de euros anuales.
En la orden ministerial publicada hoy el Gobierno establece unos 1.400 estándares de inversión, en función de cuestiones como la tecnología, la potencia o el año de puesta en marcha.
Además, se fijan los parámetros retributivos para el primer semiperiodo regulatorio, que se extiende hasta 2016, entre los que se incluye dejar de abonar ayudas a las instalaciones que han superado su vida útil regulatoria o las que ya han alcanzado un nivel de rentabilidad razonable.
Este nuevo esquema de retribución se aplica a los ingresos desde julio del pasado año, por lo que las empresas tendrán que regularizar ahora sus cuentas y, en su caso, devolver las ayudas recibidas en exceso.
Las asociaciones del sector estudian ahora el extenso documento, de 1.761 páginas, para determinar el impacto que la normativa tendrá en sus cuentas y si introduce cambios con respecto a los borradores que manejaban hasta ahora -según los análisis realizados en las primeras horas estos son poco significativos-.
La patronal de la cogeneración, Acogen, ya ha avanzado que sus peticiones no han sido atendidas y que el recorte retributivo asciende a 470 millones anuales, a lo que hay que añadir otras medidas aplicadas con anterioridad y los impuestos energéticos.
Por ello, estiman que hasta un 50 % de las plantas de generación podrían tener que cesar su actividad a lo largo de este año y el próximo.
El director general de la Asociación Empresarial Eólica (AEE), Luis Polo, ha considerado que los cambios "no responden a la lógica económica", ya que "la tecnología más castigada es la más barata", con un recorte en su retribución de 1.130 millones de euros.
Además, ha señalado que tendrá "un fuerte impacto en la industria eólica", que "traerá consigo deslocalizaciones, nuevos despidos, refinanciaciones y un sinfín de efectos perversos", por lo que la asociación defenderá sus intereses con "todas las opciones legales a su alcance".
De la misma manera, la patronal termosolar Protermosolar ha asegurado que estas medidas "comprometen la viabilidad de una industria en la que España es pionera y cercenan sus posibilidades de abordar los mercados emergentes exteriores, así como la financiación del sector".
Según sus cálculos, el cambio normativo recorta los ingresos de las plantas termosolares en un 15 % de media -un 20 % en el caso de las centrales con almacenamiento térmico-, con lo que la retribución queda reducida a la mitad frente a los planes de negocio con los que se establecieron inicialmente.
Por su parte, la asociación nacional de productores e inversores de energía fotovoltaica (Anpier) ya ha anunciado que prevé manifestarse mañana ante el Ministerio de Industria para protestar contra este recorte retributivo.
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